Desprotegidos

CAMBIOS. Terminó junio, el “mes del orgullo” de la comunidad LGBT+. Pero en el Perú, el papel que desempeña el Estado para reconocer y proteger a esa población no es motivo de orgullo sino de vergüenza. Gran parte de la sociedad peruana tampoco se salva del oprobio, pues sigue atada a prejuicios e ideas retrógradas que hace muchos años ya quedaron obsoletas en otros países de Occidente, incluidos muchos de América Latina.

El ejemplo más saltante es que en nuestro país una pareja del mismo sexo no puede contraer matrimonio. Los intentos en el Congreso para legalizar esas uniones han sido bloqueados por parlamentarios que han usado excusas de diversa índole para disfrazar su homofobia: “Hay temas más importantes que discutir”, “la Constitución lo prohíbe”, “Dios creó hombre y mujer”, etc. Pero si antes los políticos intentaban ser discretos con sus anacronismos, la llegada al poder de Perú Libre se ha traducido en un Gobierno abiertamente opuesto a reconocer cualquier derecho LGBT+. Y si la izquierda radical discrimina –con la anuencia de la izquierda “moderna”–, la extrema derecha no se queda atrás.

Pero la desprotección legal de esa comunidad va mucho más allá. Según Ojo Público, un reciente estudio del Ministerio Público que revisó casos de asesinatos contra personas LGBT+ entre el 2012 y el 2021, halló que solo el 2.2% de las investigaciones fiscales señala como posible móvil a la discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Sin embargo, un análisis de las evidencias reveló que al menos 68% de los asesinatos mostraban indicios de violencia por prejuicio contra dicha comunidad. En otras palabras, se habría tratado de crímenes de odio, cuya tipificación no incluye los citados motivos.

Sobran los casos de discriminación y maltrato generalizado de parte del Estado, a lo que se suma la preocupante actitud de la sociedad. Por ejemplo, si tuvieran una empresa, menos de la mitad de encuestados por Ipsos contrataría a una persona homosexual (47%), porcentaje que se reduce a 36% para personas trans. Y menos de la tercera parte (27%) apoya el matrimonio igualitario. Hasta en el NSE A, que se supone que es el más instruido y conectado con el mundo, ese apoyo apenas supera la mitad (52%). Claro que en el sector privado formal el respeto de los derechos LGBT+ se está convirtiendo en norma, pero la meta debería ser darle continuidad al debate y mayor visibilidad a estas personas, sus potencialidades y aportes a la sociedad. Pero lo que hace falta son líderes que se compren el pleito todo el año (y no solo en junio).