Amedrentamiento

SUPERVISIÓN. El Congreso ha decidido investigar a todos los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia, de control y de sanción. Lo hará a través de su Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. El periodo que cubrirán las pesquisas es los últimos cinco años y el plazo será de 180 días hábiles. Lo que se busca es “determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales de sus funcionarios”, así como proponer reformas normativas e institucionales.

No obstante, la moción presentada por esa comisión, en lugar de mencionar la existencia de indicios, señala que “se evidencian conductas y decisiones sospechosas”, lo que hace pensar que no se pretende investigar a esos organismos, que son técnicos y especializados, sino que el objetivo sería el hostigamiento. La preocupación de que este proceso estaría politizado se sustenta en la especie de acusación que la moción expresa, al afirmar que esas entidades, “lejos de hacer cumplir los derechos de los consumidores, más bien protegen y defienden los intereses de las empresas a las cuales tienen que fiscalizar”.

¿Llegó la comisión a esa delicada conclusión antes de proceder a investigar? ¿Y lo hizo tras haber sostenido sesiones con los jefes de solo cinco de esas entidades? Es conocida la desprolijidad en el accionar del actual Congreso, pero en este caso quizás existan motivos nada técnicos ni de preocupación por los consumidores y sus derechos. Por ejemplo, Sunedu es uno de los organismos a ser investigados. Dado que ya está sometida a otra pesquisa –a cargo de la Comisión de Educación–, lo que se percibe es un cargamontón. Y el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor tiene vínculos con una universidad que no obtuvo licenciamiento.

Algunos organismos reguladores y fiscalizadores han perdido autonomía y presupuesto –como Susalud o Sutran–, pero esta debilidad es responsabilidad de los ministerios a los que están adscritos. En ciertos casos, los nombramientos de sus jefes han estado sujetos a vaivenes políticos, lo mismo que los despidos, como acaba de ocurrir en Serfor. Además, en ocasiones, la labor del supervisor ha sido cuestionable, como ocurrió con Osinergmin respecto a la explosión de gas en Villa El Salvador.

Pero no se pueden generalizar ineficiencias normativas y operativas, en particular cuando lo que realmente necesitan muchos de esos organismos son más recursos humanos, materiales y financieros, y mayor respaldo de las autoridades. Eso no se logra acusando ni amedrentando.