Editorial: Salto de calidad

CAMBIOS EN EL CONTROL. Ya se encuentra en el Congreso la propuesta para reestructurar la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. Considerando que es urgente reforzar la institucionalidad de la fiscalización del gasto estatal, el debate de este proyecto de ley tiene que recibir prioridad de parte de los legisladores. Es que la debilidad del sistema de control ha contribuido al manejo deficiente del dinero público y a exacerbar la corrupción.

La iniciativa, presentada por el contralor Nelson Shack, contempla 120 días para aplicar cambios bastante radicales. Entre estos destaca la transferencia de recursos, durante enero del 2018, para financiar la incorporación progresiva de los órganos de control institucional (OCI) a favor de la Contraloría, "de tal manera que exista una verdadera independencia y objetividad en la labor del auditor". En la actualidad, los OCI dependen administrativamente de las entidades a su cargo, lo que significa, por ejemplo, que los gobiernos regionales tienen en sus planillas a los auditores que deben fiscalizarlos, algo a todas luces incoherente.

También se propone la modernización de la estructura orgánica, del reglamento de organización y funciones, y del cuadro de puestos de la entidad, lo que supondría un salto de calidad necesario, pues el propio Shack ha reconocido que la Contraloría carece de un número adecuado de profesionales especializados para cumplir las tareas que la ley le asigna. Otra debilidad que el contralor busca resolver es el enfoque "policíaco" de la entidad –debido a la existencia de incentivos perversos–, reorientando las labores hacia la identificación y prevención de riesgos.

Teniendo en cuenta lo delicado del trabajo de los auditores, así como del personal de apoyo –contadores, economistas, abogados, administradores–, el régimen laboral de la Contraloría debe orientarse hacia los que manejan otras instituciones públicas con responsabilidades claves como el BCR y la SBS.

Una propuesta que necesitará un debate más profundo que las anteriores es ampliar la competencia a la Contraloría para suspender y vacar a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales; así como a los alcaldes y regidores de los gobiernos locales. Habida cuenta de que se trata de funcionarios elegidos por voto popular, habría que establecer mecanismos muy claros para tipificar las irregularidades que justifiquen tales sanciones –es decir, precisar al detalle la "letra chiquita"– y, por supuesto, tener muy en cuenta lo que señala al respecto la Constitución.