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Elecciones 2016. Según la Constitución del Perú, son atribuciones del presidente de la República convocar a elecciones, así como cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es más, según el artículo 117, el mandatario pierde su inmunidad si impide las elecciones, lo que puede llevar a su destitución. Este marco legal implica que el jefe de Estado debe ser el primero en buscar un escenario de tranquilidad y defender el desarrollo del proceso electoral.
Sin embargo, Ollanta Humala, olvidando el cargo que ostenta, firmó el pedido de retiro del candidato del Partido Nacionalista en el cual acusan ausencia del principio de la certeza electoral, denuncian falta de coherencia en el JNE y los JEE a nivel nacional, y afirman que se ha afectado de manera negativa el proceso de elecciones generales 2016.
Su firma en dicho documento genera una mala señal tanto al interior del país como a nivel internacional. ¿Cómo defender un proceso si el propio presidente considera que existe una "manifiesta y marcada ausencia del principio de la certeza electoral"? ¿Es esa la imagen que Ollanta Humala quiere dar sobre las elecciones? Por lo pronto, el presidente del JNE ya calificó su actitud como "falta de neutralidad".
Pero no es solo el presidente el que debe velar por un proceso transparente y tranquilo, los candidatos también deben hacerlo, y si bien se encuentran en campaña deben cuidar mucho que los ataques sean a las ideas y a las propuestas y que no se conviertan en ofensas personales. Eso se aplica a los partidos políticos y a los colectivos de la sociedad civil, pues si bien discrepar y manifestarse en contra de algunos candidatos es válido, no lo es usar la violencia.
Además, las acusaciones de fraude deben basarse en pruebas concretas y no en simples especulaciones.
Responsabilidad y defensa de la democracia deben ser la consigna de todos los actores en este proceso político. Se debe evitar dar cabida a los rumores de fraude electoral, de postergación de elecciones o de patear el tablero. Todos los candidatos deben exigir el cumplimiento del cronograma electoral —lo cual implica no postergar las elecciones del 10 de abril— y defender el proceso vigente. La transferencia democrática del poder que vivimos desde el 2001 debe mantenerse.