Editorial: Mirando el fondo de las APP

“En las APP, el cofinanciamiento del Estado y los riesgos que asuma deben ser los mínimos necesarios”.

PROYECTOS. En el 2005, cuando Fernando Zavala era ministro de Economía, se empezó a trabajar en el marco normativo de las asociaciones público-privadas (APP) para poder fomentar la inversión pública. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde esa época, pero quizá es necesario regresar a los origenes para entender y resolver los problemas que actualmente tienen las APP.

La idea en ese momento, según las palabras de Zavala, en entrevista a Gestión, era fomentar la participación del sector privado en diversos proyectos de infraestructura para lograr los mayores ahorros posibles al Estado y con un subsidio estatal mínimo. Sin embargo, la realidad ha demostrado que en varias oportunidades los diversos niveles de gobierno han terminado invirtiendo igual o más que si hubiesen hecho la obra directamente.

Sin duda, los proyectos deben ser rentables para despertar el interés del sector privado, pero en ningún caso debería olvidarse cuáles fueron las razones por las que nació la figura de las APP; por lo tanto, en el contrato que se firme el cofinanciamiento del Estado y los riesgos que asuma deben ser los mínimos necesarios, de lo contrario, cabe preguntarse si sería necesario contar con los privados.

El actual marco legal de las APP no es del agrado de muchos sectores empresariales, mientras algunos tienen fricciones con el MEF al considerar que dicha entidad traba los procesos, otros se muestran reacios, pues creen que esta modalidad solo puede ser usada por las grandes empresas.

Quizá el retorno de Zavala al Ejecutivo permita recordar la razón de ser de las APP y siguiendo los lineamientos de la OCDE, hacer que la selección de los proyectos se dé en función a la relación calidad-precio y que se minimicen los riesgos fiscales, garantizando la integridad del proceso de adquisición.

Además, dada la diferencia que existe entre la capacidad de gestión de las distintas instancias de gobierno, resulta imperativo contar con cláusulas estandarizadas que permitan de manera general establecer qué riesgos le corresponde asumir al Estado y cuáles a los privados, de tal manera que si en algún contrato específico se requieren hacer cambios, estos estén debidamente justificados.

Las asociaciones públicos-privadas requieren de un marco claro y predecible, apoyado por autoridades competentes y dotadas de recursos; está en manos del nuevo premier y su equipo lograrlo.

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