Redacción Gestión

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Policía Nacional. La corrupción de funcionarios y autoridades es, por amplio margen, el principal problema percibido en el Estado peruano y esta sensación se ha incrementado en los últimos años, según la última encuesta de Proética.

Hablando solo de la institución policial, un 50% de los encuestados califica su labor como mala o muy mala. Y, sin duda, hay razones de peso detrás de estos números. Solo la semana pasada se informaba de un empresario que fue secuestrado por unos policías de una comisaría limeña y en el norte del país se detuvo a ocho efectivos que formaban parte de una banda delincuencial.

Sin duda, estos y otros hechos similares generan que, según Pulso Perú, un 70% de personas no confíe en la Policía.

Tratándose de una autoridad que debe cuidar a la población, los hechos delictivos que cometan deben sancionarse con mayor rigor. Por ello, el Código Penal considera el cargo como un agravante que incrementa la pena en un 50%, es decir, un policía que comete un delito es castigado con mayor rigor que si fuese un civil.

Ahora bien, si cuando un policía no actúa cumpliendo su deber debe ser sancionado con el máximo rigor, lo contrario también debe aplicarse, es decir, si una persona ataca a un policía que estaba cumpliendo con su deber la pena debe ser igual de severa.

En los dos últimos años hubo 344 casos de agresión a policías, 19 de ellos ya se encuentran con sentencia cumpliendo prisión efectiva, hay 10 condenados y otros 10 en proceso con prisión preventiva. Sin embargo, dado el número de agresiones, las sentencias aún son mínimas.

Necesitamos contar con una autoridad que cumpla su deber, que respete y haga respetar la ley y es trabajo de todos ayudar a que eso suceda. A los ciudadanos les corresponde respetar a la autoridad y denunciar a los malos efectivos. Debemos transformar en un círculo virtuoso la mala relación que hoy existe entre ciudadanos y policía.