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Editorial: Megarretrasos

“Habrá que tener cuidado con el establecimiento de atajos legales y actuar de manera transparente”.

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Proyectos. La inversión privada caerá este año 1% con respecto al 2015, y gran parte de la responsabilidad recae en las entidades del Estado, en todos sus niveles, por obstaculizar con sus trámites burocráticos el inicio o avance de los proyectos, en especial en aquellos otorgados en concesión.

El nuevo Gobierno ha anunciado que declarará en emergencia entre quince y veinte que hoy se encuentran trabados, con el fin de ponerlos en marcha cuanto antes.

Se trata de inversiones por US$ 8,500 millones que no caminan pese a que ya se han firmado los correspondientes contratos de concesión con el Estado peruano. Algunos incluso llevan años esperando, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, o muchísimos meses, como la Lí- nea 2 del Metro de Lima y el aeropuerto de Chinchero. Este necesario impulso se materializaría mediante una "vía rápida", cuyos detalles aguardamos con interés, lo mismo que la lista definitiva de proyectos que serán resucitados.

Suponemos que las trabas con los ministerios y los organismos reguladores se solucionarán con prontitud, de modo que el esfuerzo principal será diseñar medidas que tengan alcance a nivel de los gobiernos regionales y locales. El contacto directo con estas autoridades será ineludible –habrá que convencerlas de que hay prioridades de interés nacional– y, para ello, cobrará relevancia el perfil de la persona que el presidente electo elija como jefe de su Gabinete (una sugerencia: su estilo de trabajo tendrá que ser totalmente distinto de los que hemos tenido en los últimos diez años).

Además, habrá que tener cuidado con el establecimiento de atajos legales y, vale la pena recordarlo, actuar de manera clara y transparente para evitar los problemas que tuvieron los gobiernos pasados con directivas dictadas para agilizar proyectos o concretar licitaciones. Nos referimos a estos procesos porque una pieza clave de la promoción de inversiones es no parar de ofrecer al mercado nuevas alternativas.

Al respecto, ProInversión solo tiene ocho procesos por adjudicar (por US$ 2,086 millones, según el BCR), pero en sus oficinas descansan 33 iniciativas privadas para proyectos cofinanciados que (supuestamente) están en evaluación desde hace más de quince meses. En esta agencia también hará falta aplicar un "fast track".

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