Redacción Gestión

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SUNEDU. Mejorar la situación de la educación, en todos sus niveles, es indispensable si queremos crecer como país. En eso no hay discusión, y el actual Gobierno ha dado muestra de querer hacerlo. Sin embargo, el fin no justifica los medios, y en el caso de la educación superior debemos evaluar con mucho cuidado las acciones tomadas hasta el momento.

La nueva fue aprobada con un alto número de votos en contra y contiene algunas exigencias que podrían ser difíciles de cumplir y que no necesariamente aseguran la calidad de la educación como, por ejemplo, poner el tope de 70 años para ser catedrático o rector de una universidad, exigir maestrías de 48 créditos —como si solo el número de créditos asegurara la calidad, sin importar la entidad que dicta la maestría o que baste asistir una vez por semana para obtener el título—, entre otras perlas.

La entidad reguladora (Sunedu) parece estar actuando guiada por las buenas intenciones, pero es bueno recordar que, a veces, lo que funciona en el papel no funciona en la vida real. Varias de sus atribuciones han sido establecidas vía reglamento y existe controversia sobre si se ajustan a lo dispuesto en la Ley Universitaria.

Además, si la idea es buscar la calidad educativa, no queda muy claro por qué la batalla generada para poner fecha límite a los rectores, sin distinguir entre aquellos cuyos periodos ya estaban por vencer o tratando de manera diferente a las universidades públicas de las privadas, como si ese solo hecho las hiciera mejor o peor.

Siendo una entidad adscrita al Ejecutivo, resulta potencialmente peligrosa, pues su autonomía siempre dependerá de quien lo lideré y de la confianza que exista en el ministro de turno, lo que podría generar que sea utilizada como un órgano de presión política, ya sea para evitar algunos pronunciamientos institucionales o para limitar la vida política que se genera en los claustros. Ya en el pasado se han utilizado entidades estatales para presionar a los privados.

Las leyes se tienen que cumplir, pero es importante no discriminar bajo criterios subjetivos. Esperemos que el proceso de licenciamiento iniciado el 15 de diciembre pasado tenga un mejor resultado. no debe desaparecer, pero el próximo Gobierno deberá reformarla.

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