ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. Para este año el MEF y el BCR estimaban un crecimiento de la inversión privada de 5%. Tras salir a la luz los delitos de corrupción cometidos en varios proyectos de inversión que se trabajaron bajo la figura de las (APP), esa meta se ve lejana, por lo que el Ejecutivo deberá ser creativo para tratar de que el resultado al final del año sea muy cercano a esa cifra.

Es verdad que el Ejecutivo ha dictado normas que modifican el marco de las APP y reestructuran buscando con ello generar una mayor transparencia y efi ciencia, de tal manera que se minimicen los riesgos de corrupción. Sin embargo, estas leyes aún no se han reglamentado, y cuando se haga necesitarán un proceso para la puesta en marcha.

¿Qué hacer entonces con los proyectos que se querían licitar este año y que según ProInversión sumaban US$ 4,000 millones? ¿Se esperará a que el nuevo esquema esté listo? El MEF ha asegurado que no se van a paralizar las APP en curso y que son el mejor mecanismo para hacer grandes obras de infraestructura, y puede que no le falte razón. Sin embargo, este no es el mejor momento para apostar por ellas.

La percepción que ha quedado en la población es que se trata de una fi gura usada en perjuicio del Estado, y entidades como la Contraloría o el Congreso estarán muy pendientes de revisar paso a paso cualquier nuevo proyecto que se piense trabajar bajo la modalidad de APP, con lo cual seguramente será muy difícil que se trabaje con la celeridad que el país requiere.

Quizás lo mejor sería que el Gobierno plantee algún mecanismo de transición que pueda aplicarse mientras se termine la implementación del nuevo marco legal, con la fi nalidad de cumplir con las metas de inversión, pero sin generar desconfi anza.

A futuro, además de los cambios ya establecidos, se deberá cuidar mucho que las licitaciones tengan más de un postor y que estos sean del nivel adecuado para el tipo de proyecto que se busca concesionar. Se tendrá que minimizar el uso de adendas, que suelen ser un campo fértil para generar problemas y se debe contar con cláusulas modelo estandarizadas, fi jar criterios e indicadores de cumplimiento y no tener miedo de cancelar un proyecto cuando se den las razones para ello. En este tema no se aplica el refrán de "más vale un mal arreglo que un buen juicio".