POLÍTICA DE SALUD. Hace apenas una semana, saludábamos la declaratoria de emergencia en el sector salud y remarcábamos que era necesario conocer la forma en que se pensaba superar los obstáculos del sector y asegurar un grado de transparencia que hasta ahora no se había visto.

Hoy, luego de lo sucedido con el exasesor presidencial Carlos Moreno, está claro que la ministra de Salud, Patricia García, tiene mucho trabajo por delante. Y no solo porque ha quedado demostrado que existen innumerables vacíos que pueden ser espacios de corrupción —como el nivel de independencia del SIS, o la falta de rectoría a nivel nacional— sino porque nuevamente se ha instaurado la desconfianza en la relación entre el sector público y el sector privado.

Una realidad que también puede afectar a otros sectores, justo cuando se busca reducir la excesiva tramitología existente que ha retrasado varios proyectos de inversión.

Si bien es necesario fortalecer el sector público, no se puede, a estas alturas, creer que el presupuesto estatal alcanza para cubrir todas las necesidades. Es necesario mirar al sector privado como un aliado, con una eficiente regulación, pero dotando de transparencia y publicidad todos los procesos para evitar suspicacias.

El afán por tratar de alejar todo halo de corrupción no puede llevar a la ministra García a generalizar argumentos que pueden terminar satanizando la labor que cumplen las empresas privadas en el sector salud. Además, se debe diferenciar entre las tercerizaciones, que muchas veces se realizan sin mayor control, y los servicios realizados a través de asociaciones público-privadas. Por cierto, en el Minsa solo existe una APP.

A 70 días de haberse iniciado el Gobierno, es necesario que en el sector salud se pase del diagnóstico a la acción.

Un problema que no puede soslayarse es la falta de comunicación al interior del Gobierno, que ha quedado evidenciada con el caso Moreno, no solo por la demora en que las ministras de Salud (a cargo del sector) y Justicia (abogada del Estado) tomaron conocimiento del tema, sino también porque un aspecto tan sencillo, como establecer si se trataba de un funcionario público o no, ha generado que el presidente, la ministra de Justicia y el premier tengan dos versiones diferentes. Si no mejora la comunicación, los problemas van a continuar.