Redacción Gestión

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Tía María. Luego de 51 días de paro, más de 180 heridos y dos muertos, es necesario hacer un alto en el camino del proyecto para poder dar mejores explicaciones a fin de retomar el rumbo. El presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, han coincidido en esta necesidad.

Lamentablemente, lo que ha primado hasta ahora en torno al proyecto son las posiciones extremas, tanto de aquellos que niegan a rajatabla cualquier posibilidad para llevar adelante Tía María, y en general cualquier inversión minera, como de los que creen que solo la minería salvará al Perú.

Aquellos que plantean la viabilidad del proyecto, incluido Gestión, pero tomando en consideración a la población, casi no han sido escuchados, y por el contrario muchos buscan empujarlos a optar por uno de los extremos.

Es momento de explicar, no solo al valle de Tambo, sino al país, el impacto ambiental que generará Tía María, pues, sin duda, lo habrá. Se hace indispensable informar sobre el nuevo EIA, precisar cuáles de las interrogantes u objeciones planteadas al primer EIA ya se han resuelto, cuáles no, y qué acciones de remediación se están planteando. Sin duda, la constitución de un fideicomiso de ejecución inmediata, por parte de la empresa Southern para garantizar eventuales impactos del proyecto, puede ser una buena señal.

Las posiciones extremas de aquellos dirigentes que están en contra de la minería seguramente no van a cambiar, pero buscar una comunicación con información clara y transparente con el país sí puede generar mayores entendimientos.

Esta pausa no significa, desde luego, que el Ejecutivo no reinstaure el orden en la zona, pues sin orden no hay estado de derecho. Tampoco implica dejar de investigar las denuncias contra el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y, de ser culpable, aplicarle las sanciones pertinentes.

Por el bienestar del país, es indispensable que el Ejecutivo despliegue todos sus esfuerzos para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. Urge un trabajo previo con las comunidades y, de ser necesario, tal como planteamos el pasado 16 de febrero, designar a un coordinador, una suerte de 'zar' para los megaproyectos de inversión, que lleve adelante esta tarea.

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