Editorial de Gestión: Una vez más, una paria

ARGENTINA EN DEFAULT. Lo que comienza mal termina mal. Esta frase fácilmente podría aplicarse a la situación en la que el gobierno argentino se ha visto envuelto desde hace una semana cuando entró en default el 30 de julio. Los bonos que el gobierno ha dejado de pagar –por octava vez en su historia-, pues, fueron emitidos inicialmente en el 2001 como compensación a las víctimas de un default previo.

Ante esta situación, la estrategia del gobierno –liderada por su presidenta- ha sido simplemente negar la realidad, una práctica en la que viene demostrando cada vez mayor destreza. "El mundo sigue andando y la República Argentina también", sentenció la sra. Kirchner poco después de conocerse el default.

De la misma forma, se emprendió una campaña chauvinista dirigida a demonizar a los "fondos buitre" y a todos los involucrados en la sentencia de la corte neoyorquina que obligaba al Estado argentino a pagar la totalidad de su deuda para no caer en default, una actitud que socavó las negociaciones con los holdouts desde el primer momento.

Su negación a negociar con la excusa de la cláusula RUFO, que permite a todos los acreedores a acceder a mejores términos si estos se ofrecen voluntariamente a una parte de ellos, carece de fundamento pues la negociación ha sido ordenada por un juez. En todo caso, con un poco más de proactividad se ha podido pedir a los acreedores de deuda reestructurada que renuncien a este derecho, como algunos se habían mostrado dispuestos a hacerlo.

Paradójicamente, hace relativamente poco el Gobierno argentino había comenzado una campaña para reinsertarse a los mercados financieros arreglando las cuentas pendientes con el Club de París, un grupo de acreedores, y Repsol, que había sufrido la expropiación de sus activos. A pesar de lo que diga la sra. Kirchner, esta situación representa un duro revés para ella y sus socios en el Gobierno.

Por ahora, las consecuencias del default están contenidas por las circunstancias en las que se dio. Pero uno de los mayores riesgos –hay varios- es que, excluido de los mercados financieros y con unas reservas severamente disminuidas, el gasto del Gobierno comience a ser financiado con emisión. Antes de que sea demasiado tarde, Argentina debe negociar con los holdouts.