DESCENTRALIZACIÓN. Cuando empezó el proceso de en el 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se criticó abiertamente la precipitación con la que se llevó a cabo.

Cuando en el 2006 el segundo gobierno de Alan García aceleró el traspaso de una serie de competencias administrativas del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales se advirtió sobre la falta de capacidad que tendrían estos "nuevos burócratas" para asumir sus funciones.

Sin embargo, recién este año hemos podido ser testigos de la gama de problemas potenciales que han podido surgir de tan improvisado proceso.

Por un lado, tenemos los problemas relacionados con la corrupción. De los 25 líderes regionales, 22 de ellos están actualmente investigados por el Ministerio Público, sumando alrededor de 170 procesos; cinco de ellos, además, con prisión preventiva (uno de los cuales se encuentra prófugo).

Por el lado económico, el exministro admitió en una reunión con Gestión, poco antes de dejar el cargo, que uno de los mayores problemas del país era la ineficiencia en la ejecución del gasto público.

Cuando el nuevo ministro, Alonso Segura, asumió la cartera dijo que este es su "primer reto". De acuerdo al MEF, aproximadamente 30% del presupuesto nacional se pierde por corrupción o mal uso de los recursos públicos.

En este contexto, el viernes pasado el ministro de Agricultura, , comunicó que dentro del Consejo de Ministros se está evaluando quitar competencias a los Gobiernos Regionales basados en su eficiencia para cumplirlas.

Los aspectos referidos por Benites abarcan las concesiones forestales, la lucha contra la tala ilegal y la titulación de tierras (todos temas no-presupuestales); sin embargo, lo interesante de la propuesta es que plantea una fiscalización seria del Gobierno Nacional a los Gobiernos subnacionales para alinear políticas e intereses. Más interesante aún es la opción de una cogestión temporal como forma de capacitación.

Pero lo cierto es que cualquier tipo de reforma en la descentralización (algo urgente) tomará tiempo. Mientras, tanto la Contraloría como el Ministerio Público deben poner especial atención a lo que suceda dentro de estos 'dominios liberados' donde nadie está obligado a rendir cuentas a nadie.