ALERTA REGIONAL. Los escándalos en los que están envueltos los presidentes regionales de Áncash, Cajamarca y Tumbes (todos ellos ) han vuelto a poner sobre el tapete el proceso de descentralización que comenzó en el 2002.

Nadie pondría en duda la necesidad que tenía el país de desconcentrar el uso de recursos públicos de la capital y de tratar de promover focos de desarrollo en el interior, así como la obligación de integrar la Nación, pues gran parte de los espacios que ocupó el terrorismo fueron vacíos que había dejado el Estado. Sin embargo, lo que sí es y la naturaleza "experimental" con las que se llevó a cabo todo el proceso.

Con la Ley de Bases de la Descentralización y, subsecuentemente, con la Ley Orgánica de , se traspasaron competencias administrativas del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales. Pero este traspaso no vino acompañado de ningún tipo de capacitación ni preparación para las nuevas funciones que asumirían las autoridades, cuya inexperiencia no fue suficiente para atraer miradas acerca de cómo irían a encarar sus nuevas responsabilidades: los gobiernos regionales, como está diseñada la ley, no tienen que rendir cuentas ante el Congreso acerca de la ejecución de sus presupuestos.

Peor aún es que este sensible vacío tampoco despertó la preocupación de las entidades fiscalizadoras para que sean especialmente minuciosas en estos asuntos. Ni siquiera a medida que los ingresos de la mayoría de gobiernos regionales se multiplicaban considerablemente.

En los tres casos que mencionamos, por ejemplo, los escándalos partieron de investigaciones periodísticas a partir de denuncias de ciudadanos, y no de iniciativas de la Contraloría o del Ministerio Público (si bien en Áncash existían pesquisas de ambas entidades, se ha acusado a los cargos más altos del Ministerio Público de taparlas).

Ahora es necesario repensar la estrategia de descentralización, incidiendo en temas como la no reelección inmediata, la autonomía, las macrorregiones y la distribución inequitativa de los recursos.