Editorial de Gestión: Parsimonia

Obra pública. En enero se registró una caída de 27% de la inversión pública, y como siempre ocurre, las partes involucradas buscan escabullir responsabilidades. Y esta vez no fue la excepción. Se halló como una de las razones principales en las demoras de las licitaciones a los cambios introducidos con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado.

Decir que la norma es "nueva" puede sonar extraño, pues fue promulgada en julio del 2014 –hace más de año y medio–, pero como ocurre con demasiada frecuencia, hacía falta la aprobación de su reglamento para que pudiese aplicarse: fue publicado el 10 de diciembre pasado y la ley entró en vigencia el 9 de enero. ¿Qué ministerio fue el responsable? Pues el de Economía y Finanzas.

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) culpa del retraso de la inversión pública a la nueva ley. Señala que en el primer mes de vigencia se encontraban en licitación S/ 47 millones en obras públicas, cuando en enero del año pasado eran S/ 433 millones. El gremio atribuye ese enorme bajón al cambio de la estructura de contrataciones del Estado que establece la norma –lo cual implicaría que las entidades públicas han tenido problemas para adaptar sus procesos–.

También insiste en que la entrada en vigencia de la ley no fue oportuna debido a que "el país se está frenando". Aunque esta explicación no es del todo convincente, pues Capeco desde meses atrás se opone a la norma, ya que sus agremiados son parte involucrada en el tema. Por eso, si bien es una explicación, no es suficiente.

Y es que también hay razones que están vinculadas a cómo se han llevado los procesos del Estado a juicio del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), y que justamente han merecido, a criterio del Gobierno, la necesidad de cambios en la norma. Es más, el OSCE señala que el impacto de la nueva regulación no explica la caída de la inversión pública.

Los cambios continuos a la normatividad ocasionan gastos de adecuación al sector privado. La anterior Ley de Contrataciones del Estado fue promulgada en junio del 2008, pero fue modificada en junio del 2012. Como es lógico, la reglamentación también tuvo que ser enmendada.

Si la actual versión no reduce la corrupción ni los costos burocráticos, no habrá valido la pena tanta novedad.Lo que sí queda claro es que sigue siendo deficiente la ejecución de la inversión pública, y no solo a nivel de los gobiernos regionales y municipios, sino sobre todo de los ministerios.