Editorial de Gestión: Parchando la descentralización

REELECCIÓN. Habrá que esperar por lo menos hasta marzo para que el Congreso apruebe definitivamente –o rechace en esa segunda votación– la prohibición de reelegir autoridades departamentales, provinciales y distritales.

Ojalá los parlamentarios, sobre todo los del interior del país, no sucumban ante la presión que probablemente recibirán para cambiar de opinión.

Si bien es una medida relevante, no es la principal y no resolverá el problema que pretende atacar. Aparte de que hará que justos paguen por pecadores –los buenos tampoco podrán ser reelectos–, habría que ser ingenuo para no pensar que los actos de corrupción también pueden cometerse en cuatro años y que los fondos públicos pueden destinarse para financiar candidaturas de familiares y allegados si el gobernante actual está imposibilitado de volver a postular.

Lo que tiene que fortalecerse es el sistema de control y fiscalización.

La Contraloría no cuenta con recursos humanos y materiales para cumplir sus funciones y su naturaleza autónoma se ve vulnerada si carece del apoyo político del Gobierno.

Y de la labor de la Fiscalía solo podemos decir que el concepto de independencia está perdido y nadie muestra el mínimo interés por encontrarlo.

Un cambio introducido podría tener cierto impacto sicológico: ya no habrá presidentes sino "gobernadores regionales". Quizás estas autoridades dejarán de pensar que son totalmente autónomas y libres de proceder como les plazca.

Sin embargo, el término correcto sería "gobernadores departamentales", pero además de ineficaz, la legislación de la descentralización es extremadamente confusa. Otra novedad es la posibilidad de que los gobernadores sean citados por el Congreso para rendir cuentas, aunque todo dependerá de la disposición de los legisladores para convocarlos y de las circunstancias.

En suma, el Congreso está "parchando" la descentralización con medidas que no atacan el problema de fondo. Y por si fuera poco, solo ha modificado la parte de la legislación electoral correspondiente a los gobiernos subnacionales, cuando en este tema también se requiere una reforma mucho más amplia y profunda.