Editorial de Gestión: La otra cara de la corrupción

Sanciones. La corrupción es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestra sociedad y, quizás, el reto más importante que debemos superar como país para convertirnos en uno moderno y avanzado.

Los altos niveles de corrupción que tenemos en todas las esferas del Estado es uno de los factores determinantes que merman permanentemente la credibilidad del Estado, dificultan la gobernabilidad, afectan la institucionalidad y fomentan, entre otras cosas, una peligrosa cultura de informalidad e impunidad.

Merecidamente, el Informe de Competitividad Global nos sitúa en el puesto 109 de 148 en el nivel de instituciones y considera a la corrupción como el segundo factor más problemático para hacer negocios en el país.

Queda claro, entonces, que es indispensable confrontar la corrupción frontalmente y aplicar una política de tolerancia cero con las autoridades corruptas. No obstante, en el Perú, demasiado a menudo olvidamos que muchos actos de corrupción –sobre todo los relacionados a sobornos– requieren de, por lo menos, dos jugadores. Y si bien las responsabilidades difieren, ambos son necesarios para consumar el acto.

El caso del detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, es emblemático. Torres admitió haber cometido una serie de delitos durante sus funciones como alcalde, entre los que se encuentran malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado.

Asimismo, pruebas y testigos han constatado que el exalcalde creó un sistema ilícito para adjudicar obras a dedo a cambio de una "comisión" que cobraba a los consorcios "ganadores". El alcalde está actualmente en prisión esperando una investigación, sin embargo, poco se sabe de las empresas involucradas y personas encargadas de pagar los sobornos, que usualmente quedan impunes después de un tiempo.

Como una exigencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Ejecutivo y el Congreso vienen trabajando de forma paralela para permitir sanciones penales a los miembros de una empresa que incurran en sobornos. Este sería un paso adelante para combatir el problema de la corrupción desde todas sus aristas.