Editorial de Gestión: Aproximadamente, menos de la mitad

SOBRERREGULACIÓN. En cierta ocasión, un periodista le preguntó al papa Juan XXIII (1958-63) sobre el número de personas que trabajaban en el Vaticano. "Aproximadamente, la mitad", respondió, con el sutil sentido del humor que le caracterizaba. Si las autoridades del gobierno de Ollanta Humala tuvieran la claridad de pensamiento y la capacidad de autocrítica –y el buen talante– del "Papa Bueno", podrían admitir que de los cientos de miles de burócratas existentes en el Perú, aproximadamente menos de la mitad trabaja.

¿Y qué hace el resto? Suponemos que sella solicitudes y las archiva, demora trámites, se inventa nuevas licencias y eleva sus costos de emisión. Debemos reconocer los esfuerzos del MEF por mejorar las marcas de la Agenda de la Competitividad, pero es claro que este despacho camina prácticamente sin compañía.

Las pruebas de que la "tramitología" no baja los brazos son numerosas. Desde el 50% de los 280 empresarios encuestados por Apoyo Consultoría, que advierten que la facilidad que enfrentan las compañías para hacer negocios ha empeorado en los últimos cinco años (62% para el caso de las municipalidades), hasta el 52% de personas que señalan que las demoras excesivas en papeleos son el problema más común en las entidades públicas, según un sondeo de Ciudadanos al Día.

Existe una correlación directa entre la sobrerregulación y el exceso de trámites, y es por ello que lo declarado por el premier René Cornejo –"Los empresarios saben que en el Perú las regulaciones son razonables"– resulta increíble. A menos que haya estado pensando en la banca, la telefonía o la electricidad, consideramos que tiene una "percepción" equivocada del papel que debe tener la regulación.

Ciertamente, no es entorpecer la actividad privada. Y los US$ 2,500 millones de inversiones congeladas en hidrocarburos son más que elocuentes, lo mismo que las normas para construir nidos e institutos tecnológicos, o la superintendencia que el Congreso pretende crear para las universidades. Lo razonable sería desmontar la regulación que no tiene ningún sentido de costo-beneficio y eliminar la burocracia improductiva.