LEGISLACIÓN LABORAL. El Congreso peruano suele ser bastante dadivoso con las leyes que debate y aprueba. Un ejemplo reciente es la autorización del retiro de los fondos de pensiones privados al momento de la jubilación. Una ley que pasó casi desapercibida, pese a que, como la anterior, también fue observada por el Ejecutivo, establece nuevos derechos laborales para las personas que sufren violencia familiar o discriminación de género.

Se trata de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Ley 30364), cuya observación a la autógrafa sí fue subsanada por el Congreso y, por tanto, pudo ser promulgada por el presidente Ollanta Humala. Ese nombre tan pomposo se complementa con la creación de todo un abanico de instituciones, como un sistema nacional de prevención y sanción, una comisión multisectorial, un observatorio nacional y un centro de altos estudios.

Esta es otra muestra de la extendida creencia de las autoridades de que los problemas se resuelven con más burocracia. La norma también incluye su as bajo la manga (varios en realidad), algo que se está haciendo peligrosamente habitual. Se trata de la sanción penal que podrán recibir quienes remuneren de manera distinta a personas que realizan la misma tarea, pues los criterios que establece son demasiado gaseosos y fácilmente refutables.

Pero lo que preocupa es que la legislación penal ya considera y tipifica la discriminación laboral como un delito, que tiene penas de hasta tres años de cárcel. ¿Por qué el Congreso legisla sobre un asunto que ya está incluido en el Código Penal? Otro punto preocupante es que la ley está aventurándose en la regulación salarial, un tema que solo debería tocarse utilizando herramientas técnicas.

Al mismo tiempo, establece licencias laborales y prohíbe el despido de trabajadores que sufren violencia familiar –será suficiente justificar tal situación con una denuncia policial–. De nuevo, la norma está entrando en un terreno peligroso, pues cualquiera podría alegar su escasa productividad por la existencia de problemas en casa. ¿Tan poco confían los legisladores en el sector privado y sus criterios para seleccionar y retener personal?