Elecciones municipales y regionales. (Foto: USI)
Elecciones municipales y regionales. (Foto: USI)

ELECCIONES. Según los resultados de la última encuesta de Pulso Perú, , y que se han mantenido desde el mes de mayo, son: Renzo Reggiardo, Enrique Cornejo y Humberto Lay, en ese orden. Sin embargo, lo que sí ha ido variando es el porcentaje de apoyo, pues en los tres casos ha caído, dando paso al crecimiento de otros candidatos como Luis Castañeda Pardo y Daniel Urresti, quienes hoy ocupan los puestos cuarto y quinto, respectivamente.

Dentro de tres meses se realizarán las elecciones regionales y municipales y el electorado debe aprovechar este tiempo en conocer a los candidatos de su preferencia y no solo por lo que declaren a la prensa o sus promesas de campaña.

Un primer tema que ha llamado la atención es la información que los candidatos han declarado ante el respecto a sus ingresos. Sorprende que de los 21 aspirantes a la , dos declaren que no tienen ingresos anuales. ¿Acaso no trabajan?, ¿cómo se mantienen? Tres afirman que sus ingresos apenas superan los mil soles al mes, ¿cómo hacen entonces para cubrir sus gastos de campaña? Seis declaran no tener una vivienda propia (entre ellos están los actuales alcaldes de La Molina, San Isidro y Miraflores), ¿a quién le pertenece la casa donde viven?; y diez señalan no tener auto.

Por lo pronto, ya Luis Castañeda Pardo ha pedido corregir su declaración, pues dice que omitió declarar cuatro bienes inmuebles más, pero el JEE de Lima Centro ha declarado improcedente su pedido.

Más allá de lo anecdótico que puede sonar, esta información es importante, ya que todos recuerdan tristemente el caso de los alcaldes que se aprovecharon del cargo para su beneficio económico, algunos incluso inmersos en casos de lavados de activos como el alcalde de Chilca. Por ello, sería importante que la declaración de ingresos ante el JNE estuviera justificada. Pero además de ello, los aspirantes deberían presentar su declaración jurada de Impuesto a la Renta y una declaración de intereses, y ya que no se aprobó la norma, cada uno de ellos voluntariamente debería solicitar a la UIF el levantamiento de su secreto bancario.

Por cierto, estas declaraciones también deberían ser una obligación para los alcaldes que dejarán el cargo a fin de año.