LUCHA ANTICORRUPCIÓN. El retiro de la confianza a la procuradora ad hoc Katherine Ampuero, que generó asimismo la salida de Julia Príncipe del cargo de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en representación de la ministra de Justicia, ha hecho que los ojos se vuelvan a la lucha anticorrupción que se realiza desde el Gobierno, principalmente en el caso de la empresa Odebrecht.

La ministra Marisol Pérez Tello sostiene que la salida de la procuradora es por plantear una inhibición para la venta del proyecto Olmos, que significa que no entendió el Decreto de Urgencia (D.U.) 003 que se dictó para cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. Sin embargo, para Ampuero y Príncipe, la salida responde a un interés por proteger a la empresa y por haber iniciado una investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por eso, es importante que el Gobierno explique ante el país o ante el Congreso de manera precisa lo que ha ocurrido.

Más allá de las posturas de cada una, lo cierto es que, a este momento, es muy poco lo que se ha avanzado en el caso Odebrecht. Cinco meses después de haber sido publicado aún no existe claridad sobre cómo debe aplicarse el D.U. 003 y cuál es la labor que le compete a la Procuraduría. Si bien la procuradora Ampuero asegura que ya establecieron el monto de la reparación que debe pagar Odebrecht (S/ 2,000 millones), la ministra señala que la Procuraduría debe fijar el monto correcto y para ello puede ayudarse de una empresa consultora y no necesita llegar a un acuerdo con la empresa. Lo que se desconoce es si esto último fue explicado a las procuradoras.

Otro problema evidenciado en estos cinco meses es la falta de coordinación entre la Fiscalía y la Procuraduría. Para lograr los resultados que el país requiere todas las entidades deben aprender a trabajar de la mano y delimitando claramente qué le corresponde a cada autoridad, lo cual no está ocurriendo. Además, resulta imprescindible que se precise cuál es el marco legal que ha utilizado la Fiscalía para llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht, pues aún queda claro en calidad de qué la compañía está brindando información. ¿Ya es colaborador eficaz para la judicatura peruana?

El compromiso de la lucha contra la corrupción no solo requiere de palabras sino también de hechos y lo visto hasta el momento solo deja dudas en la ciudadanía.