Editorial: El difícil reto del MEF

PRÓXIMOS PASOS. Desde que empezó el Gobierno de PPK, el MEF está en deuda. La actual titular de Economía, Claudia Cooper, quien forma parte del ministerio desde que empezó el Gobierno, en una mesa redonda organizada por Gestión reconoce que el primer año fue muy complicado, no solo por el escenario internacional y El Niño costero sino también porque se subestimaron los efectos de la corrupción en la inversión.

Hoy Cooper trata de consolidar el retorno del crecimiento y espera poder lograr un aumento de la inversión pública de dos dígitos durante el 2018, además de continuar revirtiendo la caída de la inversión privada. Varias de las medidas que se están planteando son por ahora para el corto plazo y seguramente tienen alta probabilidad de alcanzar los resultados esperados, pues el panorama externo es favorable.

Sin embargo, la ministra es consciente de la necesidad de un plan de mediano y largo plazo que incluya reformas importantes, ya que admite que el impulso fiscal se va a acabar. El detalle es que desde el MEF se espera hacer un “trabajo coordinado” con el Congreso para llevar adelante los cambios necesarios, y lamentablemente la experiencia, hasta el momento, demuestra que la labor conjunta es difícil, pues la relación entre ambos poderes es muy inestable. A tal punto que la premier Mercedes Aráoz pareciera deshojar margaritas sobre la solicitud de facultades delegadas que planteó cuando asumió el cargo.

Haría bien Cooper, y todo el Gobierno, en tener un plan B que les permita encontrar la manera de asegurar el futuro sin tener que depender de reformas que pasen por el Congreso, por si la situación política se sigue enrareciendo. Estar supeditados a la voluntad de la oposición podría complicar sus planes. Es necesario que encuentren mecanismos, a través de ajustes en los reglamentos o vía nuevos decretos supremos, para que varios de los cambios que plantean puedan ver la luz.

Si la situación económica parece ir mejorando, no sucede lo mismo con la situación política, y no es momento de que el Gobierno deje de lado el factor Lava Jato, sobre todo cuando podría terminar implicando a más de un funcionario actual. No en vano Aráoz acaba de señalar que, si bien no conoce los detalles del presunto vínculo entre el exministro Mariano González y la empresa Odebrecht, “si fuera mi caso pediría que se levante la inmunidad”.

Ya una vez subestimaron las consecuencias de las denuncias de corrupción. No pueden cometer el mismo error dos veces.