Editorial: Cuidado con el descontrol

CONTRALORÍA. Cuando se designó a Édgar Alarcón como el nuevo contralor de la República, señalamos en julio que le esperaba una tarea titánica para darle mayor énfasis al control preventivo, aplicar sanciones más drásticas a los corruptos, lograr la detección oportuna de actos de corrupción, así como investigar y denunciar sobre todo los grandes casos de irregularidades.

Tratando de contrarrestar las críticas que rondaron su designación, Alarcón buscó rápidamente salir a dar señales de sus primeras acciones, pero laborando 19 años dentro de la institución y habiendo sido el segundo del excontralor Fuad Khoury durante varios años, sorprendieron varias de sus declaraciones que hubiesen sido más oportunas si fuera nuevo en la Contraloría, pues parece que recién detecta irregularidades en proyectos que tienen tiempo bajo la supervisión del organismo de control.

Según la Constitución, la labor de la Contraloría es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Sin embargo, adelantar opinión sobre sus acciones no ayuda a conseguir los objetivos de la entidad y, por el contrario, puede entenderse como un deseo de figuración política más que de celo profesional. Además, si bien la elección del contralor es política, pues la realiza el Congreso, su labor debe "ser y parecer" independiente, por lo que debe evitar cualquier gesto que se entienda como vinculación con algún grupo político en particular. En ese sentido, la designación de un excongresista fujimorista como coordinador entre la Contraloría y el Congreso no fue una buena señal, más aún cuando coincidió con las críticas realizadas por el Ejecutivo.

Corresponde al Gobierno trabajar de la mano con la Contraloría para que los proyectos cumplan con todas las obligaciones legales. Para ello, debe establecerse un control previo o algún mecanismo similar que, sin perder eficacia, evite convertirse en una traba que solo retrase la acción del Estado o los privados, estancando obras. Lo peor que podría sucederle a la Contraloría es convertirse en una pieza en el ajedrez político del Congreso y desvirtuar así sus funciones.