COMBATE A LA INSEGURIDAD. Una de las últimas medidas más controversiales aprobadas por el Gobierno es la de facilitar el uso de la geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La medida busca agilizar las solicitudes que hace la Policía Nacional a las empresas de telecomunicaciones para poder conocer los datos de localización de manera inmediata.

Esta solicitud podrá darse en caso de que se cumplan alguno de los tres supuestos: flagrante delito, delitos con penas mayores a cuatro años y cuando sea necesario para la investigación, y solo luego de hecho el pedido, este deberá ser comunicado al juez, quien podrá rechazarlo (dejando sin efecto la medida inmediatamente) o ratificarlo.

La norma también establece claramente que se refiere solo a información sobre ubicación y no comunicaciones. En ese sentido, sanciona a quienes pudieran hacer uso indebido de esta información.

Este tipo de facilidades ya existe en Estados Unidos y hace tres años se aprobó una medida similar en México, pero solo para el caso de algunos delitos (delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, amenazas y extorsión). Las opiniones están divididas, al punto que en México se presentó una demanda de inconstitucionalidad que el año pasado se resolvió a favor del Estado, pero el Gobierno no ha podido mostrar cifras que evidencien el beneficio de la norma.

Desde el papel, esta medida puede verse como un mal necesario para la lucha contra la delincuencia, pues si bien restringe la libertad al permitir un fácil acceso a la ubicación de los ciudadanos, podría ayudar a combatir la inseguridad que cada día crece más en nuestro país. Sin otros caminos a la vista, la población podría aceptar esta intromisión en la privacidad, como sucedió con las medidas de control en los aeropuertos después del atentado del 11 de setiembre en EE.UU.

El problema es que las normas no se aplican en un mundo ideal, y el gran temor es el mal uso que se pueda hacer de esta medida. Lamentablemente, dadas las experiencias vividas, como las denuncias sobre los excesos cometidos por la DINI o los efectivos que forman parte de bandas delincuenciales, la ciudadanía no confía en la Policía y podría resultar que el remedio sea peor que la enfermedad.