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OPINIÓN

Editorial: Basta de lamentarse

Editorial de Gestión. “Más que lamentos e indignación, las autoridades tienen que dedicarse a cumplir con su deber”.

Mujeres en el Perú

Mujeres. (Foto: USI)

 (Foto: USI)

USI

VIOLENCIA DE GÉNERO. Hay temas que preocupan más que los indicadores económicos y esa es la situación de abuso y violencia contra las mujeres existente, y que está más allá de saber si el Perú logra crecer un punto más de PBI. Los últimos casos confirman los problemas estructurales de la sociedad, en cuya solución deberían participar todos los estamentos del país.

Y no es que la violencia contra la mujer no tenga impacto económico. Según un estudio de la Universidad San Martín de Porres y la Cooperación Alemana, hace cinco años los costos empresariales de la violencia contra la mujer totalizaban US$ 6,500 millones y actualmente llegan a US$ 11,500 millones, lo que representa casi 6% del PBI, es decir, el triple de lo que pierde el país por la corrupción.

Lamentablemente, la violencia contra las mujeres es un problema estructural que viene desde el hogar y que requiere de una intervención multisectorial por parte del Estado que incluye no solo la labor del Poder Ejecutivo en todos sus estamentos -ministerios, centros de salud, comisarías, etcétera- sino también al Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Más que lamentos e indignación, que no le sirven de nada a las víctimas, las autoridades tienen que dedicarse a cumplir con su deber. Seguramente, es necesario ajustar alguna de la normativa existente, pero lo urgente es que se cumpla lo que ya existe y que cada entidad encargadarealice el trabajo que le corresponde. Empezando por las comisarías que deben de dotar de personal idóneo y preparado para recibir y canalizar las denuncias, pasando por las entidades como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Salud que deben dar soporte y apoyo a las víctimas, y la Fiscalía y el Poder Judicial que deben sancionar a los culpables.

Pero nada de lo anterior está ocurriendo, es más, hay que considerar un nuevo elemento en la ecuación: que la salud mental sea considerada una política de Estado. No porque los agresores sean personas con trastornos psicológicos o psiquiátricos, pues ya la Asociación Psiquiátrica Peruana ha recalcado, pertinentemente, que la pretensión de relacionar los trastornos mentales con la violencia y la criminalidad del país es errada, sino porque el bienestar mental de las personas ha sido relegado al último lugar en cuanto a cuidado de la salud se refiere.

Más acciones concretas y menos indignación es lo que ayudará a solucionar los problemas.

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