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Editorial: Archívese

Editorial de Gestión. “Si el fujimorismo, quiere dejar en claro que es diferente, el destino del proyecto deberá ser el archivo”.

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LIBERTAD DE PRENSA. "Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población", es el título del polémico proyecto presentado por la bancada fujimorista (congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo). Si bien el nombre del proyecto puede sonar inocuo, la primera explicación que brinda la congresista Letona para justificar las bases de la propuesta da una idea del peligro: "Hacer que el proceso de construcción de la información se vea totalmente alejado de cualquier influencia por temas de corrupción".

El proyecto genera serios cuestionamientos pues busca, siguiendo el mismo criterio de la muerte civil, que los condenados por corrupción no puedan ser directores, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de medios de comunicación, olvidando que los medios de comunicación son empresas privadas. Dando un paso más allá —que ni siquiera se aplica para la contratación del Estado o para la elección de congresistas— el proyecto busca que esta misma prohibición se aplique en el caso que una persona esté en investigación. Es decir, en su afán de "proteger el derecho a la información" deja de lado el principio constitucional de inocencia.

Según Letona, estas personas pueden influenciar los contenidos de la información, y por eso deben ser alejadas de sus puestos. El país está tan cansado de la corrupción que no faltará quienes crean que es una buena idea, pero ¿solo los corruptos pueden ser una mala influencia en un medio de comunicación?, ¿qué pasa con quienes lavan activos, realizan contrabando o son pedófilos?, es más, viviendo en un estado laico, habrá quienes piensen que los grupos religiosos no deben ser accionistas, editores, directores, etcétera, de medios de comunicación pues "pueden influenciar el proceso de construcción de la información", es decir, el argumento de las congresistas podría aplicarse en infinidad de supuestos.

Además, el proyecto busca establecer una veeduría ciudadana sobre la conducción de los medios de comunicación, que debería ser implementada por el Ministerio de Transportes, pero sin explicar cuál sería su función: ¿podrán censurar programas? La verdad es que existen muchos medios de comunicación y la confianza que la población muestre frente a la información que brinden está determinada por su nivel de lectoría o audiencia, si las personas confían en el medio consumirán la información que ofrece, de lo contrario simplemente dejaran de acceder a él. No existiendo un único medio de comunicación, la preocupación de la congresista Letona y Aramayo no se justifica.

Si el fujimorismo, que tiene la mayoría en el Congreso, quiere dejar en claro que es diferente a aquel que avaló el golpe de Estado del 5 de abril, el destino de este proyecto deberá ser el archivo.

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