MYPES. Las grandes empresas representan más del 70% de las ventas en el país, pero en número no llegan ni al 1%. Todo lo contrario ocurre con las micro y pequeñas empresas (mypes) que, si bien generan menos ingresos, son parte importante de la economía por el empleo que crean.

Sin embargo, este sector sufre de varios males, como la informalidad y el poco acceso al crédito. Muchos gobiernos han intentado ayudarlos, pero no han logrado avances significativos. La actual administración sigue ese camino y acaba de aprobar varios decretos legislativos que tienen a las mypes como protagonistas.

Lo central del esquema es la creación de un nuevo régimen tributario especial para que las mypes paguen de Impuesto a la Renta (IR) solo el 10% de sus ganancias netas anuales, siempre que estas no excedan las 15 UIT (S/ 60,750), sobre el exceso pagarán 29.5%. Si bien en el papel es una buena idea hay que ver qué sucede en la práctica, pues para las empresas informales que no pagan impuesto, aun pagar el 10% les puede parecer excesivo, salvo que la informalidad les sea más cara. Además, la existencia de varios regímenes con diferentes tasas podría fomentar la elusión tributaria en un sector acostumbrado a cerrar y abrir empresas para pagar menos impuestos.

También se han dado normas para fortalecer el acceso al crédito y para ayudarlas a formalizarse reduciendo los costos de trámites y permitiendo que en un solo lugar (Centros de Desarrollo Empresarial -CDE) se puedan realizar todos los pasos necesarios. Lamentablemente, esta no es una idea nueva, ya antes se han brindado estas facilidades y si bien se generaron nuevas inscripciones no se dieron en el número esperado, quizá la novedad sea que, para lograr un mayor número de estos CDE a nivel nacional, se apostará por el sector privado y se trabajará con un kit digital, esperando que todas las empresas apuesten por ser digitales, un deseo que requiere más que buena voluntad, pues necesita que todo el Perú esté interconectado.

Algunas de las medidas planteadas tienen cierta complejidad, por lo que el Gobierno deberá trabajar en la difusión de las mismas. Además, todas generan un costo fiscal, por lo que se debe evaluar su impacto.