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Editorial: Se alquila local

Editorial de Gestión. “Hará falta que el Gobierno realice un seguimiento de la norma y de su impacto en el mercado, para afinarla si así se requiere”.

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INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Muchos de los 112 decretos legislativos que el Ejecutivo promulgó carecieron de la difusión que su importancia merecía. Por ejemplo, algunos bancos todavía parecen ignorar que ya no es requisito tener el DNI vigente para cobrar cheques, mientras que los ciudadanos desconocen que la Policía Nacional tiene una nueva ley, además de un nuevo régimen disciplinario. Y si esto sucede con las normas de alcance general, las que cubren ámbitos específicos han pasado desapercibidas.

Es el caso del Decreto Legislativo 1262, que no solo amplió por un año más (hasta el 2019) la exoneración del Impuesto a la Renta a las ganancias generadas por la venta de acciones, sino que extendió el beneficio a otros valores como los bonos, los fondos mutuos, las facturas negociables y dos instrumentos orientados a impulsar el mercado inmobiliario: los fondos de inversión en renta de bienes inmuebles (Firbi) y los fideicomisos de titulización para inversión en renta de bienes raíces (Fibra).

Se trata de fondos que administran inmuebles alquilados, un esquema que permite compartir y reducir riesgos, y que en teoría atraería a las personas naturales que podrían aportar propiedades a los mencionados fondos. Uno de los motivos del estancamiento del mercado inmobiliario peruano es que todavía se piensa que los potenciales usuarios prefieren adquirir un inmueble (oficinas, locales comerciales, etc.), cuando lo que les resulta más apropiado es rentarlos.

En suma, estos instrumentos podrían resultar atractivos para dinamizar la oferta de inmuebles, además que aportarían liquidez al mercado bursátil –para gozar de los beneficios tributarios, los fondos deberán estar listados–. El problema es su escasa difusión, una tarea que tendría que asumir el ente regulador del mercado de valores, a fin de asegurarse que los interesados reciban información precisa, pues sus tecnicismos hacen necesario que sean explicados por especialistas neutrales.

También hará falta que el Gobierno realice un seguimiento de la norma y de su impacto en el mercado –una tarea que sus antecesores no tuvieron en cuenta–, para afinarla si así se requiere. El leasing inmobiliario es un ejemplo de que las novedades no siempre funcionan, así que el futuro de los Firbi y los Fibra no estará asegurado con la simple promulgación de una ley.

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