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Editorial: Agua limpia para todos

Editorial de Gestión. “El dinero que se necesita para el tratamiento de aguas residuales es considerable (S/ 7,756 millones hasta el 2021) y la situación es alarmante”.

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INVERSIÓN. La ampliación y mejora del servicio de saneamiento es la principal política de gobierno que intenta impulsar. Uno de los cinco proyectos de ley que PPK entregó al Congreso el 28 de julio busca reforzar el marco legal del sector con la inclusión del tratamiento de aguas residuales y la desalinización de aguas marinas.

El aspecto normativo más relevante de la iniciativa es que otorga al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) la facultad de asumir la titularidad de los proyectos que sean ejecutados bajo la modalidad de APP. Esta atribución formaba parte de la Ley Marco de los Servicios de Saneamiento –uno de los decretos legislativos que el Ejecutivo promulgó hace siete meses–, pero el Congreso la derogó porque supuestamente vulneraba un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El proyecto ahora introduce cambios a dicho artículo que podrían solucionar los reparos del Congreso. Es que tiene sentido que el MVCS sea el responsable de los recursos que se inviertan, a fin de evitar, entre otros riesgos, que los municipios los utilicen para otros fines como la construcción de elefantes blancos. Además, será menos complicado hacer un seguimiento apropiado y controlar el cumplimiento de plazos –a fines del 2016, el MVCS identificó 121 proyectos de saneamiento paralizados, por S/ 933 millones–.

El dinero que se necesita para el tratamiento de aguas residuales es considerable (S/ 7,756 millones hasta el 2021) y la situación es alarmante. La mitad de las 50 empresas de saneamiento (EPS) no realiza esa tarea y de las 253 localidades atendidas por EPS, 89 no cuentan con infraestructura de tratamiento. Por ejemplo, Huancayo, Huánuco, Sullana y Cajamarca –que en conjunto tienen 1.89 millones de habitantes– no cuentan con ese servicio.

En numerosas ocasiones hemos advertido que el sistema de las EPS, que están adscritas a los municipios, no funciona, pues adolece de fallas estructurales. Teniendo en cuenta que en el 2018 habrá elecciones regionales y municipales, el Gobierno tiene que redoblar sus esfuerzos para iniciar la modernización del servicio de saneamiento con el nuevo marco legal. El titular del MVCS, Edmer Trujillo, tiene ante sí un reto doblemente enorme: impulsar el debate del proyecto de ley y, sobre todo, convertir en realidad lo que, hasta ahora, solo está en el papel.

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