La desaceleración y el FEF: ¿un contrasentido?, por Juan José Marthans

El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) viene operando en el Perú durante los últimos 15 años y hoy dispone de US$ 9,150 millones, que representan alrededor del 4.6% de nuestro PBI. Nunca antes Perú dispuso de semejante monto de reserva en sus cuentas fiscales. Sin embargo, llama la atención que ni nuestro frente político y, menos aún, el empresarial conozcan cómo opera, para qué existe y cómo puede ser un elemento a considerar en la búsqueda de una salida al estancamiento.

Para empezar, resulta necesario aclarar que este Fondo es administrado por un Directorio integrado por el ministro de Economía, quien lo preside, el Presidente del BCR y un representante del primer ministro. Ellos aprueban la estrategia de administración, rentabilización, riesgo y límites sobre los cuales se invierten para rentabilizarlos en el mercado interno y, preferentemente, en el mercado externo.

El FEF, de otro lado, ha venido generando sus recursos casi automáticamente a partir de la holgura superavitaria mostrada en nuestras cuentas fiscales durante gran parte de los últimos años, así como de una fracción de los ingresos líquidos que se puedan lograr derivados del proceso de privatización y de las concesiones realizadas.

Es evidente que como resultado de la buena coyuntura que experimentamos en los precios internacionales de los metales, del redimensionamiento de nuestro sector público así como del respeto a los fundamentos básicos en la orientación económica, se generaron las condiciones para que dicho fondo pasara de solo US$ 100 millones el año 2000 a una cifra que hoy es casi 100 veces superior.

Lo interesante viene acá. El FEF puede ser utilizado cuando se prevea una retracción en los ingresos del fisco y, excepcionalmente, como señala su Ley, en casos extraordinarios de emergencia nacional (impacto de un terremoto, inundación o efecto niño) o crisis internacional que puedan afectar sustancialmente la economía nacional.

Queda claro que el FEF se concibió para enfrentar situaciones extraordinarias como las de hoy. A pesar de ello, se aprecia que no se viene empleando de manera directa, técnica y dosificada, para enfrentar la desaceleración dinamizando nuestra infraestructura y demanda tal y cual faculta la Ley, prefiriendo mantenerlos bajo la forma de inversiones financieras en el exterior obteniendo una magra rentabilidad promedio anual que en los últimos seis años ha sido de sólo 0.2%. Es decir, por US$ 9,000 millones, nos conformamos con intereses equivalentes a US$ 18 millones. ¿Qué estamos haciendo?

Pongámonos en perspectiva, cada punto porcentual que dejamos de ganar en rentabilidad significa que nuestro tesoro deja de percibir US$ 90 millones. Los peruanos estamos dejando de ganar anualmente varios millones de dólares derivados de un manejo de portafolio que debe ser mejorado. Es cierto que la mezcla riesgo-rentabilidad, por la naturaleza de estos recursos, debe reflejar cautela, pero la verdad lo experimentado los últimos años no deja de llamar la atención.

Los peruanos seguimos privilegiando una magra rentabilidad a cambio de emplear parte del fondo para reconstruir la dinámica de inversión que permita acelerar la dinámica de producción y empleo. ¿Por qué no emplear parcialmente una fracción del FEF con la intención de acelerar la puesta en marcha de la ingente cantidad de proyectos que hoy requieren financiamiento en el marco, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas (APP)? El déficit de infraestructura es inmenso en Perú y tenemos cómo acelerar su reducción.

Claro está, para que lo mencionado tenga el efecto esperado en la ampliación de la formación de capital, se debe explorar la posibilidad que, en el marco de la ratificación del nuevo gabinete, se solicite facultades excepcionales al Congreso para aprobar el marco legal necesario que permita eliminar expeditivamente trabas preoperativas importantes: trámites en el frente de expropiaciones y licencias asociadas a cuidados medioambientales y culturales, etcétera.

Asimismo, para acelerar la reactivación de la inversión, debería crearse una Comisión Permanente Interministerial a efectos de enfrentar proactivamente potenciales conflictos sociales, evaluando, con equipos multidisciplinarios adecuados, las condiciones y requisitos que demanda cada región y gobierno local para la puesta en marcha de proyectos mineros o energéticos. Debemos ser proactivos y preventivos.

En conclusión, requerimos tres elementos como acicate a favor de la inversión: emplear parte del FEF para activar las APP, destrabar los problemas preoperativos ligados a la inversión y, finalmente, dar señales claras de un manejo firme del tema de los conflictos sociales. Dejemos de lado el actual contrasentido observado entre el FEF y la desaceleración.