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Sergio Vega-León
Socio de Impuestos en Deloitte Perú
Existen tres factores clave para combatir la crisis económica en la que Perú está inmerso: voluntad política para destrabar los proyectos detenidos y resolver conflictos, gestión pública con una ejecución presupuestaria eficiente, con una agenda que priorice a la población más vulnerable, e inversión privada para generar empleo.
En línea con lo indicado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en sus recientes publicaciones sobre la cartera de inversión minera, así como con el informe “Contribución de la Minería a la Economía Nacional”, preparado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), uno de los ejes centrales que nos permitiría crecer aceleradamente y resolver la crisis actual es la minería. Sin embargo, poco podría lograrse sin los referidos tres factores alineados.
Solo para el 2021, la cartera de inversión en proyectos de exploración minera asciende a US$ 506 millones, mientras que la de proyectos de construcción de mina, actualizada a noviembre del año pasado, supera los US$ 56,000 millones, según el Minem. La ejecución, o no, de estos proyectos es la que en gran medida marcará el crecimiento económico del Perú en los próximos años.
A pesar de lo anterior, a inicios de este año se ha presentado un proyecto de ley que pretende gravar con los impuestos predial y de alcabala a los predios ubicados en zonas rústicas afectados por la actividad minera, aun cuando, históricamente y hasta la fecha, por mandato de la ley, los titulares de esta actividad solo están afectos a los tributos municipales aplicables en zonas urbanas.
El proyecto actualmente está en las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de Energía y Minas del Congreso, esperando que se emitan los correspondientes dictámenes.
Incrementar la carga tributaria bajo el contexto actual en un motor fundamental del desarrollo económico del país, como es la minería, sin duda, merece mayor reflexión y sustento técnico.
Ello, sobre todo, considerando el bajo índice de ejecución presupuestal del canon de los gobiernos regionales y locales, que no llegó a 30% a inicios de setiembre del 2020, según en MEF, ni a 70% en años anteriores, lo que denota que el problema no está en la carga tributaria del sector, sino en la capacidad de gestión estatal.
El proyecto de ley no contiene una estimación de los recursos adicionales que las municipalidades recaudarían como resultado del cambio legislativo propuesto, teniendo en cuenta, además, que muchas empresas mineras gozan de estabilidad tributaria, por lo que dicho cambio no las afectaría.
La minería es uno de los sectores que más contribuye en la recaudación fiscal del Estado. De acuerdo con la “Encuesta Anual de Empresas Mineras 2020” del Instituto Fraser de Canadá, publicada en febrero de este año, Perú ha caído diez posiciones en el índice de atracción de inversión minera global de países y regiones, en comparación con el 2019.
En lo que respecta a la región, Chile, Colombia y la provincia de Salta en Argentina están mejor ubicados que Perú en este índice.
Promover la inversión minera en el Perú no es una opción, es una necesidad. Y ello se logrará comprendiendo las características propias del sector y mejorando la capacidad de gestión pública, sin imponer cargas adicionales en el corto plazo que nos resten competitividad a nivel regional.