Uno de los sectores más golpeados por la reciente crisis será el turismo. (Foto: GEC)
Uno de los sectores más golpeados por la reciente crisis será el turismo. (Foto: GEC)

Por Carlos Prieto Balbuena

Por Carlos Prieto Balbuena, gerente del Área de Estudios Económicos del BCP

La propagación del coronavirus tendrá severos impactos sobre la economía mundial y el Perú. El mundo ha entrado en recesión y esta vez será aún peor que durante la crisis financiera internacional 2008-2009.

La economía peruana cuenta con uno de los más sólidos fundamentos macroeconómicos a nivel de mercados emergentes, en términos de elevadas reservas internacionales (29% del PBI), bajo déficit en cuenta corriente (-1.5% del PBI), baja deuda pública (27% del PBI) y elevados ahorros fiscales (12% del PBI). No obstante, es claro que Perú no podrá escapar de los impactos provenientes del severo deterioro del entorno internacional y la propagación del Covid-19:

• La economía peruana se contraerá por primera vez desde 1998. La magnitud final de caída será no menor, pero aún es incierta y dependerá de factores como la duración de la cuarentena. Asimismo, una recuperación en “V” no está asegurada teniendo en cuenta el calendario electoral 2021.

• La pobreza puede subir muy rápidamente hasta 10 puntos, lo que sería un enorme retroceso social que debemos evitar.

• El déficit fiscal puede superar el 7% del PBI (un nivel no visto desde los años 80).

Son retos inmensos los que toca enfrentar a nuestros experimentados policymakers. Solo un plan de estímulo monetario y fiscal lo suficientemente grande y de rápida ejecución permitirá amenguar los elevados costos sociales, evitar daños permanentes sobre la salud financiera de hogares y empresas, así como cimentar una recuperación más rápida.

“La mejor forma de tener un buffer social es generar un entorno donde el sector formal le vaya comiendo espacios aceleradamente a la informalidad”.


Reconstruir los buffers fiscales (que hoy permiten acomodarnos a un elevado déficit fiscal y reaccionar con un fuerte plan de estímulo) será un gran reto para esta década, puesto que ello requerirá generar al menos modestos superávits fiscales en el futuro. De lo contrario, nos quedaremos con un margen de acción muy reducido contra una futura severa crisis (terremoto, El Niño, nueva emergencia internacional o pandemia).

Más allá de las respuestas de corto plazo, la crisis también abre oportunidades para implementar políticas de mediano plazo que han estado esperando su turno. Me enfocaré en cinco aspectos:

1. Formalización y contrato social: Esta emergencia ha desnudado algo que ya sabíamos acerca de la informalidad y su ausencia de buffers de protección social.

• La mejor forma de tener un buffer social es generar un entorno donde el sector formal le vaya comiendo espacios aceleradamente a la informalidad. El Gobierno tiene una ventana de oportunidad para poner en discusión un esquema tributario y laboral proformalización. Los economistas Claudia Cooper y Élmer Cuba tienen una buena propuesta que vale la pena debatir.

• En los siguientes años, más allá de nuestras preferencias ideológicas, parece que probablemente transitaremos hacia algún esquema de protección social en las zonas urbanas que complemente el Programa Juntos de transferencias condicionadas de alcance rural. Si se va a diseñar uno para pobres urbanos informales debemos aprovechar la oportunidad en incorporar algún tipo de transferencia vinculada a una estrategia de formalización.

• ¿Cómo financiar un buffer social para pobres urbanos? La manera responsable de hacerlo es que un mayor gasto permanente debe ser financiado con mayores ingresos fiscales permanentes. También existe espacio para mayor eficiencia del gasto público, donde hay mucha grasa por cortar (entre el año 2010 y 2019 el gasto no financiero del Gobierno general se incrementó 85% al pasar de S/ 83 mil millones a S/ 154 mil millones, lamentablemente, sin mejora de los servicios públicos).

2. Sistema de salud: En esta emergencia, todos los sistemas de salud requieren trabajar de manera coordinada e integrada: Minsa, SIS, Essalud. De la crisis debiéramos sacar lecciones importantes y evaluar si debemos transitar gradualmente hacia un solo sistema de salud. Asimismo, la emergencia demuestra la necesidad de complementar la red pública con la red privada de salud. Como señalé en mi artículo del 04.09.19 (“Agenda mínima de desarrollo en medio de la crisis política”): “¿Por qué no descongestionar la red de salud pública haciendo uso de la red privada? El sector público costea una operación de apendicitis, vesícula, cálculos, fractura u otros de baja complejidad; dicho costo sería reconocido al operador privado. Además de beneficiar al ciudadano de escasos recursos, descongestionar las intervenciones de baja complejidad permitirá a la red de salud pública ser más eficaz en la atención de intervenciones de mayor complejidad médica”.

3. Mercado laboral flexible: Sin duda, uno de los sectores más golpeados por la reciente crisis será el turismo. Este sector intensivo en mano de obra requiere un marco laboral flexible. Así, se podría extender un símil del régimen laboral agrario al turismo por los próximos cinco años para asegurar su recuperación.

4. Infraestructura pública: La emergencia, una vez más, devela nuestra pésima priorización de inversión pública. Muchas veces, el Estado privilegia megainversiones de nulo o dudoso retorno social en lugar de cosas básicas, como baños en buen estado con agua y jabón en colegios y hospitales. El presupuesto público del año 2021 es el último que elaborará esta gestión y, por tanto, la última oportunidad de hacer las cosas diferentes. Buscar un mejor retorno sobre sol invertido debe ser una obsesión.

5. Inversión privada: La inversión privada caerá este año y se mantendría en “wait and see” ante el calendario electoral. Como estímulo de corto plazo se podría evaluar, de manera excepcional y solo por este año, que las importaciones de bienes de capital queden exoneradas del IGV. Asimismo, la emergencia impone la necesidad de avanzar más rápido en establecer un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) uniforme y moderno de cumplimiento obligatorio para, al menos, los 40 gobiernos locales más grandes del país. Este TUPA debiera convertirse en un potente facilitador y promotor de inversiones en centros comerciales, hoteles, supermercados, desarrollo inmobiliario, entre otros.