El costo de la equidad

Por: Silvana Huanqui
Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

Una de las últimas medidas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue el incremento del Salario Mínimo Vital (SMV) en S/ 80 a partir del abril para el sector privado y a partir de mayo para las microempresas y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE.

El primer punto a reconocer es que la medida aprobada no llega a sustentarse bajo criterios económicos, ya que la productividad del trabajador sumado al incremento de los precios de los últimos años no responden al incremento de casi el 10% en el SMV.

La medida busca aliviar a la mano de obra más deprimida y vulnerable del sector formal, un incremento de los ingresos permitiría una mayor diversificación y una mejor distribución de su canasta de consumo incrementando, de manera casi inmediata, su bienestar y calidad de vida.

Tomando en cuenta el costo de la canasta básica (que considera los bienes y servicios básicos que requiere una persona para alcanzar un estándar de vida mínimo, al 2016, el INEI lo calcula en S/ 328 por persona), el SMV permite financiar 2.5 canastas de consumo, esto significa que el sueldo mínimo en el Perú financia solo la mitad de una canasta básica de consumo de una familia compuesta por 5 personas.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, para el tercer trimestre del 2017, 4.7 millones de personas formaron parte de una planilla formal, de los cuales 253,000 trabajadores percibieron un salario de S/ 850 y 100,000 trabajadores un salario de entre S/ 850 y S/ 930, lo que hace una potencial población beneficiaria de 353,000 trabajadores.

Sin embargo, en el contexto económico actual, esta medida puede generar fuertes distorsiones en el mercado laboral, con efectos altamente nocivos en la solvencia de las empresas y subsecuentes perjuicios en el empleo formal.

Los costos adicionales estimados para las empresas superan los S/ 360 millones, monto que puede representar una presión más que excesiva al sector. Si no, solo hay que revisar las cifras del 2016, luego de la aprobación del sueldo mínimo por el expresidente Ollanta Humala, en donde el empleo informal aumentó en casi 3% (de un promedio de 71% en los meses antes de la vigencia de la norma, hasta 73.9% en diciembre del mismo año).

El empleo informal para el 2017 se situaba alrededor 72% del total del empleo en el país, esta cifra nos da una clara indicación de que no contamos aún con un marco institucional sólido y efectivo que sea capaz de resguardar el cumplimiento de las obligaciones laborales, y que existe una gran puerta abierta para contrataciones informales; especialmente en la pequeña empresa, quien es responsable del 88% de los empleos informales del país.

Por tanto, uno de los retos para la gestión Vizcarra será tomar las medidas para el control de daños en el sector. Estas medidas deben basarse en la premisa de que existe una alta correspondencia entre la productividad del trabajador y el ingreso percibido; ello deberá llevarlo a buscar, en el mediano plazo, incrementar la productividad del trabajador a través de procesos de capacitación a los más jóvenes (que suele ser el sector menos productivo), así como el mayor acceso a infraestructura y tecnología para las pequeñas y medianas empresas, acompañado por mejor canales de acceso a nuevos mercados, a fin de lograr un mejor rendimiento laboral y un incremento saludable de los salarios y del nivel de vida.

Finalmente, la búsqueda del incremento del nivel de vida y la reducción de la desigualdad es parte fundamental de la agenda pública, sin embargo, es igualmente esencial explorar aquellas medidas que resulten menos perniciosas para una economía que lucha por una convalecencia en el mediano plazo.