Coronavirus exhibe necesidad de acelerar proceso de inclusión financiera

La inclusión financiera implica ampliar el acceso de productos y servicios financieros a personas sin ninguna relación bancaria, además de la alfabetización financiera y tecnológica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

En el mundo unos 2,500 millones de adultos están por fuera del sistema financiero, es decir, el 40% de la población mundial no cuenta con algún producto financiero según el Banco Mundial. En Latinoamérica ese porcentaje asciende al 61%. A pesar de lo cual sigue siendo la región líder en materia de regulación e infraestructura para la inclusión financiera.

A nivel cultural, el efectivo es difícil de destronar, ya que es por lejos la forma de pago preferida no solo en América Latina donde el 95% de las operaciones se realizan con dinero físico, sino en el mundo entero: en Alemania, Italia y Japón un 90% del total de transacciones se continúa efectuando con “cash”. En muchos países es prácticamente el único medio para realizar pagos.

La pandemia al poder ser solamente controlada actualmente por el aislamiento social, va a reducir indefectiblemente el uso del dinero en billetes pudiendo ser la propulsora de nuevos hábitos de consumo y formas de pago, aún en las personas más arraigadas al uso del dinero físico, lo cual requiere de una aceleración en el proceso de incorporar a personas en el sistema financiero para que puedan acceder a las mismas.

Bancarización en el Perú

De acuerdo a últimos datos proporcionados por el INEI, un 47% de los adultos son clientes de algún banco o financiera (aunque no necesariamente lo utilice). El resto no es titular de ningún producto financiero.

Con respecto a la población ocupada mayor de 18 años de edad, solamente 4 de cada 10 peruanos tiene acceso o hace uso de alguno de los servicios del sistema financiero.

El instrumento electrónico más utilizado en el país es la tarjeta de débito con cerca de un 50% de participación. Sin embargo, es importante aclarar que el gran porcentaje de participación de los cajeros automáticos responde todavía a una alta incidencia de retiros de efectivo a través de este canal.

Es así que hasta hace pocos meses el dinero en papel se negaba a desaparecer.

El COVID-19 puso de manifiesto la importancia de democratizar el proceso de inclusión financiera para que todos los peruanos puedan acceder a servicios financieros de la manera más sencilla posible y así poder realizar transacciones de manera online para abastecerse en una “nueva normalidad” donde prevalece el distanciamiento social.

Colombia, Perú, Uruguay y México encabezan la clasificación global de entorno propicio para la inclusión financiera según The Economist Intelligence Unit.

El análisis realizado por la empresa online de servicios financieros el Mejor Trato, enumera que el país tiene desafíos (ver último gráfico) que superar como:

Disminución de la pobreza:

La razón principal por la que los peruanos no poseen una cuenta en una institución financiera es porque no les queda margen de sus ingresos para ahorrarlos: 6 de cada 10 peruanos no ahorran en una cuenta bancaria porque no les alcanzan sus ingresos.

Reducción de brecha financiera regional:

A nivel departamental, los ocupados residentes en la Provincia Constitucional del Callao (58.7%), provincia de Lima (55.4%), Moquegua (50.7%), Ica (49.5%), Amazonas (48.8%) y Arequipa (46%), registran porcentajes por encima del valor nacional (43.2%) de la población que usa algún servicio del sistema financiero formal. Por otro lado, los residentes en Apurímac (23%) y Cajamarca (29.4%) muestran menores porcentajes de bancarización.

Ampliación del uso de la banca digital en áreas no urbanas:

El 47.9% de los residentes del área urbana tienen acceso a algún servicio financiero, mientras que en el área rural solo el 25.8%.

La inclusión financiera está directamente relacionada con la inclusión digital.

A nivel nacional, solo el 38.8% de los hogares cuenta con internet.

Aunque el país ha avanzado en la reducción de la brecha digital rural/urbana, se mantiene una gran diferencia en la adopción de servicios de telecomunicaciones entre ambas zonas:

En el área urbana, 41 de cada 100 residencias poseen servicio de internet. En el otro extremo, se encuentran los hogares del área rural, donde solo 6 de cada 100 cuentan con el servicio.

Sin inversión en infraestructura que amplíe la conectividad no va a ser posible aumentar el desarrollo de la bancarización. Ya que, si no tengo internet, pero sí una cuenta bancaria; ¿cómo accedo desde lugares alejados de sucursales a servicios financieros que se proyectan en su mayoría digitales?

Creación de una estructura de ciberseguridad avanzada:

En el Perú, los ataques a dispositivos móviles crecieron 117% solo en marzo, según la compañía de ciberseguridad Kaspersky. En particular, los investigadores especializados en seguridad informática han detectado un fuerte aumento en el número de troyanos bancarios móviles, o sea en software malicioso que roba credenciales y dinero de las cuentas bancarias de los usuarios.

Si el camino es hacia la banca digital, las posibilidades de fraudes virtuales se acrecentarán por lo tanto se hace inminente la necesidad de promover el desarrollo continuo de la seguridad en Internet en pos de proteger al sistema de ataques, estafas y robos cibernéticos.

¿Es la inclusión financiera el “remedio” para la pandemia económica provocada por el coronavirus?

La coyuntura que transitamos brinda una oportunidad para potenciar los medios electrónicos de pago y desalentar consecuentemente el uso del efectivo, situaciones que para ser viables requieren de acelerar el proceso de democratización de inclusión financiera.

El gasto en el canal electrónico se triplicó en Latinoamérica. El comercio a través de esas plataformas crecerá más que el comercio tradicional minorista el próximo año ya que nuevos consumidores digitales experimentaron la modalidad y los ya establecidos han incrementado su uso durante la cuarentena.

Es así que, a pesar del apego a la plata en mano, la contingencia está modificando los hábitos de compra y pagos de los compradores, quienes prefieren usar menos billetes y están optando por los pagos digitales. El uso de los medios digitales en el país en general ya no es y ni podría ser el mismo.

Por lo que, si se evalúa la forma de responder activamente a los nuevos retos que impone la economía digital:

• mejorar la logística;
• asegurar bioseguridad con envío gratis;
• aumentar mano de obra esencial para evitar retrasos;
• aprovechar la ventaja regulatoria en materia de inclusión financiera;
• ofrecer productos que realmente satisfagan las necesidades de la población diversa

Sin dejar de lado complementos analógicos para disminuir los riesgos y maximizar los beneficios, la pandemia podría aumentar el comercio electrónico hasta llegar a picos nunca antes imaginados e incorporar el uso de medios de pago diferentes al dinero físico como un hábito de consumo en la sociedad y consecuentemente la necesidad de bancarizarlos.

Si los bancos saben aprovechar la oportunidad que les acerca hoy el comercio electrónico incrementarán la cantidad de personas que se encuentran agregadas al sistema financiero, ya que ofrecer la mayoría de los bienes y servicios por los canales tecnológicos es vital en un momento de aislamiento social.

Por ende, si las personas no están incluidas financieramente van a continuar prefiriendo “romper” con el aislamiento que realizar sus transacciones de manera online. Pero para que puedan “competir” con el efectivo, las formas de pago electrónicas deben ser no sólo seguras para evitar los fraudes informáticos sino también accesibles a toda la población, rápidas y sencillas sin trámites burocráticos engorrosos que hacen círculo interminable de contraseñas y verificaciones que paradójicamente terminan dando la sensación de haber expuesto toda tu privacidad desalentando el proceso de digitalización de la población.

Sin educación ni creación de fuentes laborales la ampliación del proceso de bancarización de la población se torna insuficiente.

Como conclusión las políticas de inclusión financiera son eficaces cuando se complementan con políticas sociales de empleo y fiscales. Ya que de lo contrario los indicadores pueden subir en el corto plazo y mostrar resultados engañosos al hacerse insostenibles en el tiempo.