Contrarreformas y políticas equivocadas

La gestión pública es una labor compleja e imparable. En esa maraña de cosas es posible que se esté cambiando de rumbo o incluso retrocediendo sin que la ciudadanía o los mismos operadores públicos se den cuenta. De ello somos testigos en este momento: estamos retrocediendo en algunos frentes y a la vez se está perdiendo rigurosidad para evaluar las medidas que se implementan.

Contrarreformas

Estamos retrocediendo en reformas fundamentales, en algunos casos de forma más evidente: el retroceso en las reformas educativas (reforma de la carrera pública magisterial y reforma universitaria) ha generado mucha preocupación y sigue pendiente ver el desenlace. No olvidemos que el 2017 Perú se encontraba en el puesto 124 de 137 países en calidad del sistema educativo según el Banco Mundial.

También estaríamos retrocediendo en la reforma del transporte con una posible validación de la informalidad en las pistas, cuando al 2019, según el World Economic Forum, estábamos en el puesto 97 de 144 en calidad de la infraestructura de transporte. Asimismo, diversas medidas (planteadas desde el Ejecutivo y desde el Legislativo) conllevarían al incremento de la inflexibilidad laboral en un país que ya tiene cerca del 80% del trabajo informal.

Adicionalmente, se están dando señales de retroceso en reformas iniciadas hace décadas para hacer más competitiva la economía peruana con anuncios de nacionalizaciones de empresas, cierre de minas, o modificación unilateral de contratos.

La gestión fiscal también estaría sufriendo, muestra de ello son los repetidos comunicados del Tribunal Fiscal sobre incumplimientos del MEF en establecer reglas fiscales y el uso desmedido de los decretos de urgencia. Por último, la reforma del servicio civil también se ve dañada, entre otros, con las designaciones y contrataciones de personal que no es el más idóneo.

Políticas equivocadas

Pero no solo retrocedemos, también hay políticas que nos llevan al rumbo equivocado. Algunos ejemplos de medidas impulsadas sin considerar lo que la evidencia histórica del mismo Perú o las experiencias internacionales indican que funciona y que no:

1) La entrega de bonos sin mayor justificación o focalización. Lo que el año pasado se dio en condición de emergencia, se ha dado este año a mano abierta. En 5 meses de gobierno, se ha dispuesto la entrega de 3 bonos: bono Yanapay (S/ 350 a 13.5 millones de personas), el bono 210 (S/ 210 soles a 3 millones de personas en planilla pública y privada que ganen menos de S/ 2,000 al mes); y el bono agrario (S/ 350 a más de 300 mil agricultores pequeños).

2) Los subsidios al consumo, ya implementados o que se busca implementar. El incremento del subsidio a la electricidad planteado por el Ejecutivo, no está focalizado y eso lo hace regresivo (lo recibirían más las personas que tienen más recursos y los menos beneficiados son los más pobres). Por otro lado, aplicar subsidios cuando la cadena de comercialización presenta distorsiones, como en el caso del diésel y el GLP, no necesariamente beneficia a los consumidores, sino a los intermediarios. Es el caso de la reinclusión del GLP y diésel en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

3) Por último, el regreso del proteccionismo a la agricultura, con los anuncios de subsidios a los fertilizantes, restablecimiento de la franja de precios del maíz, leche y arroz, entre otras medidas empaquetadas en la llamada “segunda reforma agraria”, cuando estás medidas no mejoran la productividad de los miles de pequeños productores, y Perú ya fue considerado entre 2015 y 2018 de los países con mayor apoyo estimado al productor agrario en América Latina (por encima de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, entre otros).

Así vemos que el Gobierno está retrocediendo lo poco avanzado en reformas clave y se está normalizando la ejecución de políticas populares, pero que no tienen impacto real. Que este nuevo año que inicia no dejemos de exigir las rectificaciones.