Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi (Foto: Difusión | Indecopi)
Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi (Foto: Difusión | Indecopi)

Por Hania Pérez de Cuéllar Lubienska

Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi

Una característica totalmente sui generis de la reciente crisis política en nuestro país, y que esta intrínsecamente ligada al ADN, lo que aquí hemos llamado “Generación del Bicentenario”, es que la protesta, la solidaridad hacia los manifestantes y la defensa de un Estado de Derecho, no sólo se hizo en las calles, a través de los medios de comunicación y redes sociales; sino a través de ciertos grupos empresariales.

Sin irnos al ejemplar caso del 2019, en el que 150 líderes empresariales de E.E.U.U. le escribieron una carta al Congreso conminándolo a que tomase medidas sobre el uso de armas y la violencia de ese país, o el sonado actuar de Apple, HBO, entre otros, en la última movilización en “The Black Lives Matter”; en el Perú, hace pocos días, hemos tenido un caso similar.

Ciertas empresas (no los tradicionalmente activos medios de comunicación), decidieron tomar partido y pronunciarse abiertamente sobre la crisis política de nuestro país con el hashtag #DePie: “#DePie por el derecho a la protesta pacífica”, “#DePie por el equilibrio de poderes”, “#DePie por la reforma universitaria”, “#DePie por la democracia”. Otras optaron por retirar su pauta publicitaria de cierto programa televiso que emitió comentarios, que ellos juzgaron inapropiados dado el contexto nacional. ¿Pareciera que algo nuevo se está gestando?

Otro dato curioso por decir lo menos, y en el que Indecopi tendrá un papel importante, es la reciente aprobación de la Ley de Sociedad BIC (Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo), cuyo fin es darle un marco jurídico a las empresas que le sumen a los objetivos de rentabilidad, beneficios sociales y ambientales a la comunidad. ¿Será que el movimiento del Capitalismo Consciente ya se instaló en el Perú para quedarse?

Aunque este es un paso de liderazgo activo, el sector empresarial debe ser cada más más consciente de su rol en la sociedad y que necesita una conexión más profunda con sus principales stakeholders. En ese contexto, adquiere una importancia singular el rol activo de los consumidores, en particular los de la Generación Millenials y Generación Z, y que aquí por una cuestión de retorica histórica hemos llamado “Generación del Bicentenario”, que demandan genuinamente que las empresas funcionen según los criterios ambientales, sociales y de gobernanza denominados ESG, que busquen ser parte de la solución y no causantes del problema, y que sus marcas tomen partido en la defensa de ciertos principios humanistas, como lo señala el estudio de Euromonitor International publicado en mayo 2020, que muestra que casi un tercio de los consumidores dice que sólo compran marcas cuyos valores políticos sean como los de ellos.

Como he dicho en otros foros, “el individuo también ejerce su ciudadanía a través del consumo responsable”.

En el Perú, esa correlación es embrionaria. Aunque, los hechos recientes parecieran mostrar que esta transformación esta en marcha, será importante observar si esa sintonía inicial es sostenible, dado que sería muy positivo para nuestra economía de mercado, ya que la reta a ser más dinámica, más innovadora, más distributiva y más eficiente.

En Indecopi, nos toca, como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, por un lado, acercarnos al sector empresarial para trasladarle las expectativas sobre el rol de liderazgo que esperan los consumidores y acompañarlos en esta acelerada transición, y por otro, focalizar nuestro esfuerzo en empoderar a esos peruanos y peruanas en situación de pobreza y de vulnerabilidad, para que se conviertan en consumidores autónomos y activos agentes de cambio de nuestro país.