Por: José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferrari, de BBVA Research
Nos encontramos ante una pandemia cuyos efectos económicos darán lugar previsiblemente a la mayor caída del PIB mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las incertidumbres son enormes. En España la caída en la afiliación a la Seguridad Social en el mes de marzo (concentrada sobre todo en los contratos temporales) y el número de trabajadores potencialmente afectados por los ERTE apuntan a que la disminución de la actividad durante las dos últimas semanas del mes ha podido alcanzar alrededor de un 30% y afectar al 40% del empleo. Igualmente, resulta difícil anticipar la gradualidad en el levantamiento de las restricciones, la rapidez de la recuperación, en qué sectores no será completa, cuáles serán las secuelas en el tejido productivo, o en qué circunstancia se producirán cambios en las cadenas mundiales de producción y en los patrones de comercio y de consumo. Las políticas económicas siguen reaccionando a la crisis con nuevas medidas, cuando todavía apenas han empezado a funcionar las ya adoptadas, por lo que es difícil anticipar su efectividad para mitigar los efectos de la hibernación de las economías y su reanimación posterior. Por último, hasta que no se alcance la inmunidad de grupo, se apliquen pruebas al conjunto de la población con aislamiento de los grupos de riesgo o esté disponible una vacuna eficaz, no se puede descartar un rebrote futuro del COVID-19. En este contexto, realizar previsiones sobre los efectos del coronavirus entraña una incertidumbre extrema, más allá de anticipar lo evidente: que la caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 puede ser de dos dígitos, y que en el conjunto del año la recesión seguramente superará a la de la Gran Recesión en 2009.
Dadas las incertidumbres de las previsiones, en un estudio reciente de BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino (bit.ly/39uYuOh) hemos seguido una estrategia alternativa, realizando simulaciones de la posible caída del PIB de la economía española condicionadas a un conjunto de supuestos e hipótesis transparentes, que permiten así obtener distintos escenarios de crecimiento para 2020. Adicionalmente, sirven de punto de partida para la evaluación de las medidas de política económica que se están adoptando en España. Bajo estas hipótesis y sin medidas para mitigar los efectos de la crisis, se estima que el PIB podría disminuir entre un 4,1% en 2020, en el contexto de un confinamiento corto y una rápida recuperación en V, y un 7,9%, en otro probablemente en el que la caída es más intensa y la recuperación es más gradual.
A partir de estos escenarios, se evalúan los efectos de la suspensión temporal de las reglas fiscales europeas, las ayudas a trabajadores afectados por la crisis, el incremento del gasto sanitario, las exenciones y aplazamientos de impuestos y cotizaciones sociales, los avales públicos para facilitar la llegada de crédito a las empresas, y la decisión del BCE de reforzar su programa de compra de activos para evitar tensiones en los mercados de deuda pública. El efecto conjunto de estas medidas es considerable. A cambio de un elevado coste en términos de aumento del déficit público (de unos 3,5 pp del PIB con respecto al escenario sin pandemia), la caída del PIB en 2020 en la situación de recuperación más gradual pasaría del 7,9% sin medidas paliativas al 4,5% con ellas, con riesgos al alza de ver una disminución mayor. Solo una recuperación especialmente intensa tras la hibernación de la economía reduciría esa caída del PIB.
Nuestros resultados indican que una crisis extraordinaria como la del COVID-19 requiere hacer uso de todas las herramientas disponibles de política económica, así como de la coordinación y puesta en marcha de potentes políticas europeas. En esta situación, las políticas fiscales deben hacer todo lo posible para mitigar las potenciales consecuencias permanentes que pueden derivarse de esta crisis. Sus efectos serán mayores cuanto mejor se diseñen estas medidas, menos incertidumbres generen, más transparentes y consistentes sean con una estrategia de medio y largo plazo, mayor sea el consenso en torno a ellas entre partidos políticos, agentes sociales y económicos, y más rápida y eficazmente se lleven a cabo, evitando un uso ineficiente de los recursos públicos.