Ya sabíamos que el difícil ciclo electoral europeo de 2017 se alargaría con la celebración de las elecciones italianas hasta bien entrado el 2018. Los resultados del año pasado, mal que bien, supusieron un cierto retorno hacia el centro político para en todos los países, a pesar de que las opciones políticas más extremas han ganado peso y ciertamente no van a desaparecer del paisaje político europeo.

En Italia, aunque los resultados se han desviado poco de lo previsto, las sorpresas han favorecido a las dos opciones de corte más populista: el Movimiento Cinco Estrellas (M5S, 32% de los votos), y la Liga, que ha desbancado con el 17% al partido de Berlusconi como el más votado en la coalición de centro-derecha. Ambos, además de coincidir en la impronta anti-establishment que hemos visto en el voto del brexit o en las elecciones americanas, se asemejan en algunos temas de corte económico: tanto M5S como la Liga han pedido en algún momento un referéndum para la salida del euro, aunque hayan abandonado la idea durante la campaña; ambos proponen medidas que aumentan fuertemente el déficit público, y revertir algunas de las (pocas) reformas estructurales que han aprobado los gobiernos italianos recientes, sobre todo en materia de mercado de trabajo y pensiones.

La formación de gobierno está muy abierta y caben muchas opciones, pero en casi todas ellas parece que el M5S va a jugar un papel importante, si no preponderante. Más allá de una coalición transversal que recoja a la mayoría de los partidos, que de momento parece lejana, la opción que parece defender el mundo empresarial italiano en este momento sería una alianza entre el M5S y el Partido Democrático (PD), aunque este último está dividido sobre dicha posibilidad y la mayoría de sus parlamentarios quiere pasar a la oposición. Esta opción se percibe como la más favorable para la estabilidad económica, probablemente porque se ha visto que el M5S parece bastante pragmático para desechar las propuestas más radicales, y es un partido que se define como transversal (aunque ciertamente tanto sus líderes como sus votantes están más escorados a la izquierda). Por su parte, el PD ha sido el único partido consistentemente proeuropeo en Italia. El populismo más vocal de la Liga parece asustar más a los mercados, y a la “gran coalición” entre el PD y el partido de Berlusconi le faltarían muchos escaños para ser grande de verdad.

Sea cual sea el nuevo gobierno, los dos principales problemas de la economía italiana -bajo crecimiento debido a una productividad anémica, y deuda pública muy alta- no van a desaparecer, y nada apunta a que el nuevo gobierno vaya a ser más combativo para luchar contra ellos que el precedente de Paolo Gentiloni. Todos los partidos italianos han hecho propuestas de gasto o reducción de impuestos muy agresivas durante la campaña, con aumentos del déficit estimados por Carlo Cottarelli y Roberto Perotti, dos fiscalistas italianos de prestigio, entre un 3 y cerca de 10 puntos de PIB, según los partidos. Aunque todos sabemos que muchas de estas promesas no se van a cumplir, reflejan bien la relajación de los políticos italianos en temas fiscales, en el país que menos se lo puede permitir.

El resultado de las elecciones puede tener consecuencias negativas en las negociaciones europeas para reformar la gobernanza de la Eurozona. En estos momentos, el activo que más escasea en la Europa política es la confianza entre los estados del norte y los de la periferia. La alianza hanseática de países pequeños, liderada por Holanda, que pretende introducir mecanismos para reestructurar la deuda soberana -antes de prestar ayuda a través de programas de asistencia-, no hace sino recordarlo, y sitúa a Alemania casi en el centro del debate sobre el futuro del euro, más que entre los halcones.

Aunque Francia y Alemania lleguen perfiles alguna reforma para avanzar hacia una mayor integración, los acuerdos van a requerir un equilibrio entre la reducción de riesgos que pide el norte, y la mutualización de riesgos que piden Francia y la periferia. Y con la tercera economía europea sin un ancla fiscal fiable y con riesgo de revertir las reformas aprobadas en los últimos años, las posibilidades de llegar a un acuerdo sustantivo en los próximos meses disminuyen.