Redacción Gestión

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Son muchos los que piensan que estamos ante el final del camino tras el intenso tsunami regulatorio vivido en estos ocho años de crisis. Aunque la realidad sea quizás un poco diferente, porque queda aterrizar el detalle de algunas medidas y se abren nuevos frentes.

Este año vendrá caracterizado por la continuación de la implementación de la numerosa y abultada regulación que se ha aprobado en los recientes años para fortalecer la resistencia de los balances bancarios a las crisis. 2014 marcaba el punto de partida en el cumplimiento de los nuevos ratios de capital, 2015 supuso la entrada en vigor del ratio de liquidez de corto plazo y en 2016 entran en vigor diversos colchones de capital macroprudenciales (el requerimiento para las entidades sistémicas, el de conservación y el contracíclico). Asimismo, desde el 1 de enero, el bail in es efectivo en Europa, y podrá aplicarse en caso de resolución bancaria, de forma que los acreedores privados absorban las pérdidas de la entidad y no los contribuyentes. Por ello, este año se deberá concretar el requerimiento mínimo de pasivos elegibles para absorción de pérdidas que cada entidad europea debe acumular para hacer creíble y factible el nuevo marco de resolución.

Lejos de concluir la reforma regulatoria global, existen nuevos temas abiertos que las autoridades abordarán en 2016. La heterogeneidad en el cálculo de los riesgos bancarios ha llevado a las autoridades a revisar la forma en la que estos se calculan para lograr una mayor comparabilidad en los ratios de capital. Por ello, cabe esperar una nueva vuelta de tuerca al capital exigido a los bancos en Basilea III. De hecho, el Comité de Basilea está inmerso en una revisión exhaustiva de la valoración de los riesgos de la cartera bancaria, de la cartera de negociación y de otros, como el riesgo operacional o la introducción de suelos de capital. Mención especial merece la revisión del tratamiento regulatorio del riesgo soberano. Basilea debe analizar el tema minuciosamente, evitando soluciones simplistas, ya que dicho cambio podría afectar negativamente la estabilidad financiera y poner en peligro la recuperación económica.

Un campo de trabajo emergente será la regulación digital. La profunda trasformación digital que está sufriendo la industria financiera con la aparición de nuevos actores y nuevos servicios, requiere de una respuesta por parte de las autoridades. Es compresible que las autoridades demuestren cierta cautela tras un periodo largo en que el núcleo de la regulación se ha centrado en asegurar la estabilidad financiera. Sin embargo, es una cuestión ineludible. Se debería encontrar el equilibrio entre la promoción de nuevos productos y servicios, con la protección del consumidor financiero. Ello pasa por aplicar las mismas reglas de juego a los distintos productos, independientemente de quién provea el servicio.

La conducta bancaria y la ética también cobran creciente importancia para restaurar la confianza en el sistema bancario, ya que la confianza es el activo más valioso que tienen las entidades. La tendencia para fortalecer dichas políticas se basa, sobre todo, en la autorregulación que promueven principios como la integridad, la trasparencia y la prudencia. En todo caso, las autoridades también prestan cada vez más importancia a estos temas en la regulación y supervisión, con el análisis de la gobernanza, de la idoneidad de cargos o de la política de remuneraciones. Cada vez resulta más evidente que una banca ética no reduce la rentabilidad sino que es una inversión a largo plazo.

En definitiva, vemos que aparecen nuevos temas en la agenda regulatoria. La inercia reguladora resulta difícil de romper, sobre todo cuando se ha trabajado con un foco tan claro en la seguridad del sistema financiero. No obstante, no es menos cierto que algo parece estar cambiando. Poco a poco se percibe una mayor sensibilidad de las autoridades para comprender los impactos de la reforma en su conjunto. Esto nos podría llevar a encontrar un mayor equilibrio entre estabilidad financiera y crecimiento, por la vía de revisar o recalibrar algunas normas, sobre todo cuando la situación macroeconómica a nivel global no acaba de repuntar. La presidencia China del G20 tiene como lema: "hacia una economía mundial innovadora, dinamizada, interconectada e inclusiva". Está por ver si las actuales dificultades chinas dejan paso al crecimiento como objetivo principal.

Por María AbascalEconomista jefe de la Unidad de Regulación y Políticas Públicas de BBVA Research