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BBVA Research: Convergencia

"Es indispensable que cualquier iniciativa de incrementar la inversión pública sea precedida de una evaluación que deje claro a la población los costes y beneficios económicos y sociales", señala el BBVA Research.

Miguel Cardoso

Miguel Cardoso (Foto: BBVA Research)

Miguel Cardoso (Foto: BBVA Research)

Por: Miguel Cardoso del BBVA Research
En un documento ahora famoso, el Premio Nobel de Economía Robert Lucas se maravillaba de los diferentes niveles de ingreso entre países y de las distintas experiencias de crecimiento. Observando la gran heterogeneidad decía: “no sé cómo uno puede mirar estas cifras sin verlas como posibilidades”. En particular, Lucas se refería a que esta variedad invita a tratar de inferir qué medidas están detrás del nivel de bienestar de un territorio. De forma célebre, este investigador afirmó que una vez que se empieza a pensar en las consecuencias de las políticas que se puedan implementar para incrementar la riqueza “es muy difícil pensar en otra cosa”. Lo mismo pasa al mirar las diferencias en ingreso de las personas entre CC.AA.

En términos generales, el bienestar de una región está determinado por el porcentaje de insumos disponibles que se utilizan, y por cuán productivos son estos. En el primero de los casos, algunas medidas incluyen la tasa de paro (qué porcentaje de la gente que está dispuesta a trabajar no tiene un empleo ) o la de actividad (de la población en edad de trabajar, cuántos quieren participar en el mercado laboral). Por ejemplo, ahora mismo el PIB per cápita en Extremadura es alrededor de un 50% del de País Vasco. Si tanto el porcentaje de parados como la tasa de actividad fueran iguales a los niveles de Euskadi, el ingreso por persona en Extremadura aumentaría hasta el 70% del observado en el País Vasco. El resto de la diferencia se explica por la brecha en productividad entre los trabajadores de ambas comunidades.

¿Cómo solucionarlo? Parte de la respuesta puede requerir políticas de demanda que ayuden a acelerar la recuperación cíclica del empleo e incentivar la vuelta al mercado laboral de ciertas personas que lo han abandonado. A este respecto, los Gobiernos han implementado medidas encaminadas a ayudar a las personas independientemente de su lugar de residencia. Sin embargo, recientemente un grupo de investigadores en EE.UU. ha pedido reconsiderar esta estrategia. Austin, Glaeser y Summers argumentan a favor de iniciativas de gasto que también tomen en cuenta la localización de los trabajadores. Las razones son diversas. En primer lugar, porque la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo puede diferir geográficamente. No es lo mismo quedarse en el paro en una comunidad como País Vasco, donde el desempleo está ya casi 5pp por debajo del promedio de los últimos 40 años, que en Castilla-La Mancha (+4pp). En segundo lugar, porque existen factores que están desincentivando la movilidad geográfica. En el pasado, los flujos migratorios han sido una fuente de reducción de la desigualdad entre regiones. Sin embargo, en la actualidad el elevado porcentaje de hogares con una vivienda en propiedad, junto con el incremento en el precio del alquiler, podrían estar limitando las oportunidades de traslado sólo a los trabajadores más cualificados. Finalmente, los menores niveles de productividad reflejan diferencias significativas en el saldo de capital físico y humano entre comunidades autónomas. Un adecuado programa de construcción de infraestructuras o de impulso a la educación y a la formación a parados, tendría en cuenta la diversidad existente.

En todo caso, hay que recordar que este tipo de políticas requiere de la solidaridad de las comunidades con más ingresos; por lo que, para justificarlas, la eficiencia en el uso de los recursos sería clave. Por ejemplo, desde BBVA Research hemos propuesto vincular la prestación por desempleo a la posición cíclica de la economía (que podría incluso ser la de la comunidad autónoma), aumentando (disminuyendo) el período de percepción durante una crisis (expansión). El objetivo sería redistribuir los recursos geográfica y puntualmente hacia donde más se necesiten. Sin embargo, esto sólo puede ser políticamente sostenible si a la vez se toman medidas como racionalizar los criterios de elegibilidad de la prestación o ampliar el concepto de oferta de empleo adecuada. Asimismo, es indispensable que cualquier iniciativa de incrementar la inversión pública sea precedida de una evaluación que deje claro a la población los costes y beneficios económicos y sociales. Por último, a largo plazo estas políticas paliativas de gasto no podrían sustituir las necesarias reformas del mercado laboral y del sistema educativo, condiciones necesarias para impulsar una recuperación que no genere desigualdad.

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