Por Oscar Lúcar
Gerente vicepresidente de Marsh
Desde mayo, el Ejecutivo empezó a formalizar la reanudación de actividades de los diversos sectores para que empiecen a operar nuevamente de manera controlada, luego de semanas de aislamiento obligatorio y suspensión de operaciones. Ante ello, y ya encontrándonos en la fase 3 de la reactivación económica, las empresas vienen cumpliendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud a fin de garantizar el bienestar de todo aquel que participe en la operación.
El sector construcción es una de las actividades se reactivó desde la primera fase, y actualmente son más de 1 millón de trabajadores que ya han retornado a sus labores y más de 960 proyectos reanudados. Como se sabe, este es uno de los principales sectores que contribuyen en gran medida a la economía y generación de empleo del país, y es que, hasta antes del anuncio de estado de emergencia, esta actividad suponía el 5.10% del PBI nacional.
No obstante, por la naturaleza de dicho sector, este también ha representado un gran reto para la adecuación de protocolos y planes de acción que permitan tener un ambiente seguro ante el actual contexto del COVID-19. En esa línea, hoy más que nunca las empresas deben seguir asegurando el cumplimiento de un protocolo que no afecte la actividad laboral ni que impacte en la salud del colaborador.
Es necesario que las empresas puedan evalúen constantemente la dinámica de trabajo que vienen realizando y planifiquen las actividades de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentran, a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y, seguir reorganizando, en la medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la obra.
Por otro lado, es importante que las empresas estén en constante búsqueda de nuevas formas de capacitación y seguimiento al personal en temas de seguridad. Por ejemplo, si bien la cuarentena se ha levantado en la mayoría de zonas del país, las reuniones de seguridad deben replantearse, ya que provocan la aglomeración de muchas personas al mismo tiempo. Asimismo, seguir reforzando diariamente las medidas de preventivas para enfrentar el COVID-19 tanto en la zona de trabajo como fuera de esta. Si las instalaciones no están garantizando esta medida, es trascendental plantearse la posibilidad de reprogramar turnos de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo.
Si bien la mayoría de empresas del sector construcción cuentan y vienen cumpliendo con protocolos de seguridad y salud en el trabajo por la actividad que realizan, es vital que las compañías no dejen de considerar otras variables adicionales que permitan elaborar un protocolo eficiente y seguro como, por ejemplo, poner énfasis en el entorno y realidad de los trabajadores, en el que también podría generarse un riesgo contra la salud de los mismos.
De acuerdo al Estudio sobre Plan de Retorno Seguro Laboral, realizado por Marsh Perú, más del 60% no ha identificado a aquellos que viven con personas vulnerables. Esta cifra refleja que las empresas aún no están teniendo una visión integral del retorno laboral, el cual podría ser decisivo a la hora de ejecutar acciones de prevención; ya que, al no identificarlas podría generar diversas consecuencias como contagios inesperados, afectando así la salud del resto de colaboradores y de sus familias.
En un sector como el de construcción, en el que interviene una gran cantidad de personas, es necesario que cada compañía siga adecuando estos pasos a sus necesidades y operación. Por ejemplo, revisar constantemente la cantidad de personal que se necesita de manera presencial para ajustar horarios de ingreso, uso de herramientas, procesos de limpieza y desinfección, adaptación de espacios de almuerzo, entre otros. Todo ello, requiere de una planificación que asegure el bienestar del trabajador, pero también la continuidad del negocio.
Finalmente, si bien las empresas tienen un rol esencial para proteger a sus colaboradores, también debe ser una responsabilidad compartida en la que los trabajadores deban cumplir a totalidad las medidas de seguridad que se establecen dentro del centro laboral, así como tomar las precauciones necesarias afuera del mismo, especialmente en un contexto en que hay mayor libertad de tránsito.