Amnistía Internacional: Es inhumano restringir ingreso al Perú de personas que buscan refugio

Por Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú

En los últimos años, más de cuatro millones de personas han huido de la grave crisis de Derechos Humanos que se vive en Venezuela. Huyen del hambre, de la falta de medicamentos, de la inseguridad, de la represión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluye torturas, detenciones arbitrarias, e incluso, ejecuciones extrajudiciales, según lo ha documentado Amnistía Internacional.

Hasta el momento, el Perú dio una respuesta ejemplar, por un lado liderando el Grupo de Lima, y buscando desde la diplomacia que la situación en Venezuela cambie, para que nadie tenga que huir de su país. Por otro lado, dio un ejemplo de solidaridad, acogiendo a las personas venezolanas que llegaban a Perú.

Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. En los últimos días hemos visto como diferentes autoridades de gobiernos locales, regionales, y nacionales, han formulado declaraciones imprudentes y xenófobas, acusando a la migración venezolana de incrementar la delincuencia en nuestro país, sin mostrar una sola evidencia. Esa actitud xenófoba ha sido replicada por varios medios de comunicación, sembrando miedo y rechazo hacia las personas venezolanas y reforzando una serie de estereotipos injustos.

También se dice que las personas venezolanas están desplazando a los peruanos de sus empleos; sin embargo, apenas 30,000 venezolanos tienen trabajo formal. ¿Por qué no pensar en los efectos positivos para la economía de un movimiento migratorio? Pensemos en el impacto positivo que se generan cuando miles de personas adquieren bienes y servicios, y pagan impuestos, pues incluso las personas en la informalidad pagan impuestos al consumo.

Dicho esto, hay que señalar que Perú es el segundo país de la región con mayor número de personas venezolanas, después de Colombia, con cerca de 800,000, lo que efectivamente podría generar presiones sobre la educación, el trabajo, la salud o la vivienda, en un país con 20% de personas en situación de pobreza; por ello, ante este grande desafío, es necesario ordenar este escenario, buscando los aspectos positivos, y teniendo siempre en cuenta los derechos de toda persona.
Lamentablemente, la medida anunciada por el Gobierno, de pedir pasaporte y visa a las personas venezolanas, no solo es inhumana y contraria al derecho internacional, sino que ha demostrado ser totalmente ineficiente para controlar la movilidad humana (solo recordemos millones de personas cruzando el mediterráneo en pateras o atravesando desiertos y cruzando muros para ingresar a Europa o EE.UU.).

Es necesario señalar que es una medida irregular, porque según la definición de la Declaración de Cartagena, incorporada en la Ley de Refugiados de Perú, debe considerarse refugiado a toda persona que se ha visto obligada a huir de su país por causa de la violación masiva de los derechos humanos. A las personas refugiadas no se les puede exigir ni pasaporte, ni visa, primero porque son sujetos de protección internacional, y segundo, porque en la mayoría de los casos resulta imposible conseguir el pasaporte.

Por ello, Amnistía Internacional invoca al gobierno peruano a revertir esta medida, y a la comunidad internacional a apoyar a Perú con programas de integración, en especial de salud, vivienda, y educación, así como con programas de emprendimientos empresariales, que favorezcan tanto a las personas venezolanas que están llegando, como a la comunidad de acogida. Recordemos que el principal efecto que tienen las medidas restrictivas a la movilidad humana es exponer a las personas que huyen a una mayor vulnerabilidad y a ser víctimas de trata y abusos en el camino.