La economía familiar en el debate

Esta semana la campaña electoral entró a una nueva etapa en la cual ya se empiezan a definir los candidatos que accederán a la segunda vuelta. Asimismo, los ciudadanos empezaremos a recomponer nuestras preferencias, proceso que en alguna medida debería responder a la racionalidad y razonabilidad de medidas concretas asociadas a problemas críticos que enfrenta nuestra sociedad. Uno de ellos, fuertemente vinculado al contexto de pandemia y recesión económica que vive el país, es la recuperación de la economía familiar.

No es difícil entender que esta es una preocupación central, sobre todo, tomando en cuenta que en el año 2020 el empleo urbano en el Perú se contrajo poco más de 16% y los salarios casi 9%. Con tales resultados, en Macroconsult estimamos que el gasto per cápita de los hogares en ese año no solo se habría contraído alrededor del 12% sino que tardaría hasta finales del 2022 en recuperarse a sus niveles prepandemia.

Esto significa que la recuperación de la economía de las familias peruanas (medida a partir de su capacidad de compra) será más lenta que la que observemos para la economía en su conjunto (medida a través de la trayectoria del PBI) que más bien debería llegar a los niveles prepandemia hacia finales de este año.

Como explicó el FMI en el “Regional Economic Outlook for Western Hemisphere” de octubre del año pasado, esto podría ocurrir por la forma en que se recuperarán los mercados de trabajo en la región. Por un lado, porque los sectores intensivos en mano de obra habrían demostrado ser menos resilientes a la crisis. Y, por otro lado, porque el proceso de recuperación del empleo estaría caracterizado por una recomposición de este con puestos de trabajo informales creciendo a mayor velocidad que los formales. Este último factor es importante para el ya precario mercado de trabajo peruano donde si bien el sector informal actuaría como refugio al desempleo, lo haría al costo de ingresos más bajos e inciertos.

En consecuencia, por lo menos en el corto plazo es posible que el efecto que puede tener el PBI en reducir la pobreza o vulnerabilidad se vea comprometido.

Por ello, si bien en lo inmediato se requiere un compromiso claro con reforzar la capacidad de crecimiento de la economía, de forma complementaria es necesario observar un compromiso similar con políticas públicas orientadas a fomentar el empleo formal, la reducción de brechas de capital humano y atender las vulnerabilidades específicas de la población.

Lo primero garantizará que se dinamice el mercado de trabajo y que aumenten los recursos fiscales. Lo segundo permitirá que las oportunidades que abre el crecimiento sean aprovechadas en igualdad de condiciones por la mayoría de los ciudadanos y que los presupuestos se orienten ahí donde más se necesita.