Alonso Segura: El Congreso del fin del mundo

Exministro de Economía e integrante de Hacer Perú

Nadie duda que la mayoría de los congresistas tenga buenas intenciones y busque soluciones ante problemas, en muchos casos, agobiantes para los peruanos. Sin embargo, en dicha búsqueda no se debe privilegiar el alivio inmediato a costa de medidas que generen un mayor perjuicio en el mediano y largo plazo a aquellos a quienes se quiere ayudar, ni usar la caja fiscal para privilegiar intereses específicos frente al interés colectivo.

Durante años nuestro país fue reconocido por su fortaleza macroeconómica. También, por su fragilidad institucional y las debilidades a nivel microeconómico, inclusive antes del covid-19. Lamentablemente, varias decisiones del Congreso no solo erosionan dicha fortaleza, sino que también profundizan nuestras fragilidades y debilidades.

Perdemos la posibilidad de elevar las condiciones de vida futuras de los peruanos si no mejoramos la calidad de la salud y la educación. ¿Qué propone el Congreso? Promulga por insistencia una ley de nombramientos y ascensos automáticos para los profesionales de la salud mediante la cual se crean plazas permanentes, no se rendirán exámenes y se generan significativos sobrecostos laborales. De otro lado, aprueba una ley (¿la revisarán?) para reincorporar a más de 14 mil docentes interinos cesados por no contar con título pedagógico y desaprobar o no participar en su evaluación. ¿Esto se condice con la preocupación por la salud de la población y la calidad de la educación de nuestra niñez?

En la misma línea va la decisión de la Comisión de Constitución de derogar los decretos de urgencia 014-2020 y 016-2020 (este último parcialmente) que regulan la negociación colectiva en el Estado y las contrataciones en el sector público. Estas normas establecen que los aumentos deben sujetarse a la disponibilidad presupuestal, que el empleo público sea vía concurso público y que las reposiciones por sentencia judicial estén sujetas a la disponibilidad de plazas en el régimen laboral de origen y vía concurso público (caso contrario, procede indemnización). De proceder estas derogatorias, las negociaciones salariales no tendrían tope, las reincorporaciones serían automáticas y las contrataciones arbitrarias. ¿Queremos feriados por el Día de San Valentín, puestos hereditarios, salidas a las 3 p.m., bonos “extraordinarios” por cierre de pliego por decenas de miles de soles o fallos arbitrales desconectados de principios de responsabilidad fiscal?

¿Qué tienen en común estas iniciativas? Que usan vergonzosamente al Estado como una agencia de empleos (sería el fin de reformas meritocráticas) en perjuicio de la población que recibe bienes y servicios públicos en menor cantidad y calidad, por el desvío de recursos a fines subalternos. Unos pocos organizados perjudican a una gran mayoría invisible, desarticulada y no representada de ciudadanos.

En cuanto al tema previsional, las propuestas del Congreso generarían consecuencias graves de corto y largo plazo. La devolución de aportes al sistema nacional de pensiones, por decenas de miles de millones de soles, es otro uso flagrante de una iniciativa de gasto que el Congreso no tiene, pues no hay “fondo” del cual devolver al ser un sistema de reparto, que ya depende de transferencias públicas anuales y que tiene un déficit actuarial enorme. La contrapropuesta del Ejecutivo, de otro lado, debe precisar cómo solucionará la precarización de los servicios de Essalud por la incorporación de cientos de miles de nuevos afiliados (deseable) pero con contribuciones mínimas que no cubren costos (no deseable). Por otra parte, propuesta tras propuesta, el Congreso está desmantelando el sistema privado de pensiones, con las potenciales consecuencias adversas de corto plazo sobre estabilidad monetaria, costo y acceso de financiamiento al Tesoro y deterioro del portafolio de los afiliados. Pero más importante aún, compromete el ahorro de largo plazo en el país, y dejaría sin pensión (o con pensión reducida) a millones de peruanos sin darle una alternativa a los varios millones que tampoco la tendrán.

Las iniciativas por el lado financiero también son peligrosas y erradas. Topes a tasas de interés son soluciones facilistas que logran lo opuesto a lo buscado, que es créditos en mejores condiciones a la mype y personas, pues devienen en racionamiento crediticio (no acceso) o en tener que recurrir a prestamistas informales. Los congelamientos de deudas (sustituidos por la alternativa del Ejecutivo de reprogramación con garantía pública), hubiesen deteriorado la solvencia de las entidades financieras, en especial las microfinancieras y de consumo.

Otras leyes, como la suspensión de peajes (ya declarada inconstitucional), atentan contra la estabilidad jurídica y la inviolabilidad de los contratos, y generan potenciales demandas internacionales; mientras que otras iniciativas en proceso (canon hídrico, consulta previa para concesiones mineras, entre otras) innecesariamente espantarán a la inversión privada, principal motor de desarrollo y empleo.

Según el Consejo Fiscal, más de un tercio de los proyectos de ley presentados por el Congreso impactan las finanzas públicas, la mayoría a través de aumentos de gasto, facultad con la que no cuenta el Congreso. ¿Tampoco les es relevante la constitucionalidad de sus decisiones?

La dinámica actual está generando un grave daño a la credibilidad y consistencia de las políticas públicas y a la estabilidad económica del país. En una coyuntura de fragilidad extrema, puede tener consecuencias significativas e irreversibles. Es imperativo que el Congreso cambie de curso y escuche e incorpore las recomendaciones y alertas de instancias técnicas. Por su lado, el Ejecutivo y el gabinete ministerial no solo deben consensuar y alertar, sino saber decir no y dejar un cargo cuando se crucen líneas rojas en perjuicio de los ciudadanos.