Pago de arbitrios: Aunque sea por susbsistencia

Pese a que existen normas vigentes por cobro de arbitrios municipales por el servicio de limpieza pública y la opción para que municipalidades distritales suscriban convenios interinstitucionales con las empresas que brindan servicios públicos, ¿por qué no se ha tenido la efectividad deseada?

Nos encontramos en una situación de antonimia normativa que no debe ser óbice para que las entidades competentes viren hacia la subsistencia de la prestación del servicio a través del cobro a los usuarios, a fin de garantizar una prestación efectiva de limpieza pública y que se pueda sostener en el tiempo.

Según un estudio realizado en el 2019 por la Contraloría General de la República, el 46% de las municipalidades contaban con ordenanza municipal para el cobro de arbitrios; mientras que el 54% restante, no. Del mismo modo, el nivel de morosidad en los municipios persiste. Hay distritos donde la morosidad llega al 100%, es decir todos deben, mientras que en otros simplemente no se ha generado la tasa, por lo tanto nadie paga. Lima tiene un promedio de morosidad de 51%, lo que significaría que de cada dos usuarios, uno paga y el otro no, pero ambos reciben el servicio.

La población tiene escasa conciencia ambiental, desconocimiento sobre el proceso y la cultura de pago, carencia de dinero o de priorización de pagos, percibe que el servicio es malo y por lo tanto no merece pagarse, entre otras justificaciones. Por parte del municipio, se tiene la deficiente gestión, estrategias poco claras, corrupción, aliento a la informalidad o, por lo menos, anuencia y deficiencias en las estrategias de comunicación respecto a los medios de pago existentes. Hay que recordar que el cobro en Perú es por predio y el promedio en ciudades grandes no excede los S/ 300 anuales.

El pago de arbitrios es la mayor fuente de financiamiento de las municipalidades y el incumplimiento del mismo trae consigo deficiencias técnicas en el servicio de limpieza pública, toda vez que de este depende la sostenibilidad financiera de las diferentes etapas del servicio y las retribuciones y beneficios sociales de los trabajadores que lo constituyen, pudiendo así incurrir en una posible informalidad en la cadena de residuos sólidos, afectación al ambiente y la salud pública.

Los nuevos alcaldes tienen la responsabilidad de establecer estrategias para reducir la morosidad, trabajar en la conciencia ciudadana, ser transparentes con los costos designados para brindar el servicio público, fortalecer los sistemas de cobranza en aquellos distritos donde exista Servicio de Administración Tributaria (SAT). Adicionalmente, mejorar la estructura de costos del servicio de limpieza pública, diferenciando el costo de barrido de calles y la recolección de residuos sólidos, analizando los rubros de gastos que no corresponden –por su naturaleza– al tipo de costo asignado, revisando los rubros de gastos semejantes para distintos tipos de costos sin justificación; y destinar a los costos indirectos un porcentaje no mayor del 10% de los costos totales por servicio municipal – límite establecido por norma–. Si queremos mejora en el servicio y reducción de brechas, la transparencia y razonabilidad constituyen el punto de partida para ciudades limpias en todo el país.

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