Acoso político: ¿Cómo atenta contra la igualdad y autonomía de las mujeres en un año electoral?

Actualmente vivimos una campaña electoral atípica en un contexto de pandemia que cambió las formas de manifestar, pensar y planificar las campañas para la mayoría de los candidatos, tanto quienes aspiran llegar al Congreso como a la Presidencia de la República de nuestro país.

Las campañas políticas comienzan a tener fuerza entre debates de candidatos, nuevas propuestas, nuevos protocolos de campaña y nuevos (y no tan nuevos) perfiles políticos, pero debemos de tener en cuenta, como ciudadanos y votantes, que el perfil de nuestras próximas autoridades debe verse más allá de los logros académicos y profesionales, para lograr tener un país con autoridades íntegras y con principios.

El respeto, la tolerancia y la igualdad deben ser claves en la comunicación política de los partidos postulantes y sobre todo sus líderes. Si optamos por una campaña política con agresiones, violencia y sin respeto al otro, no esperemos tener autoridades que prioricen el bienestar para todos los ciudadanos por igual.

Las mujeres, históricamente, han tenido un camino más largo para llegar a formar parte de la política a nivel mundial, desde nuestro acceso al voto hasta los constantes cuestionamientos cuando asumimos un cargo de relevancia. Uno de esos obstáculos ha sido, y es, el acoso político, que implica las diversas formas de hostigamiento que dificultan el acceso paritario de mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito político.

En las elecciones regionales y municipales del 2018, el 20.5% de candidatas aseguraba haber sido discriminada o reconoce que conoce alguien en la misma situación y el 22% de candidatas señalaba haber sido sufrido algún acto de acoso político. Estos ataques, mayoritariamente en redes sociales pero también en la prensa tradicional, son uno de los factores importantes que hacen que las mujeres abandonen la política, afectando a un 21.7% de las candidatas frente a solo el 11% de los candidatos, según el Jurado Nacional de Elecciones en su Encuesta nacional de candidatos y candidatas ERM 2018.

Según Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el acoso político consiste no solo en agresiones o amenazas que viven las candidatas durante las campañas, sino también a minimizar su rol asignándolas a postulaciones a posiciones con escasa oportunidad de ganar o con escasos recursos humanos y materiales para sus campañas. En el caso de las mujeres electas, son frecuentemente asignadas a comisiones o áreas de poca relevancia, con bajo o ningún presupuesto, reciben un trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación, se les exige mayor rendición de cuentas e incluso sufren intimidación, amenazas, entre otras situaciones.

Según Natalia Manso, docente de Pacífico Business School, los partidos políticos cuentan en su mayoría con un código de conducta y un procedimiento de sanciones que incluye la expulsión para los casos más graves, por tanto, cuentan con el marco disciplinario necesario para tomar las medidas correctivas y punitivas necesarias. Lo que falta es la voluntad de aplicarlos, bien por compadrazgo, bien por la máxima “hoy por tí mañana por mi”, lo que deriva en un compañerismo mal entendido que es cómplice de abusos contra candidatas y políticas electas.

Articular esfuerzos

Según información del Jurado Nacional de Elecciones, respecto de las Elecciones Generales 2016, las candidatas al Congreso tuvieron una participación del 29.3% frente al 68% de sus pares hombres (pese a corresponder al 39.6% de las candidaturas). Eso sin perjuicio de otras conductas más graves que implican violencia física u otras formas de violencia psicológica (ataques verbales, humillaciones, maltratos diversos u otros).

Ana Neyra, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y exministra de Justicia, señala que lo primero es entender qué está detrás del acoso político y entender que este no es un tema solo limitado a este ámbito, sino que tiene que ver con nuestro enfoque sobre la mujer y su rol.

En ese sentido, Neyra señala que es importante seguir construyendo evidencia (encuestas a candidatas y autoridades) para denotar los principales problemas y poder darles solución, así como unir esfuerzos desde lo público, con el MIMP, como órgano rector, e instituciones que han demostrado su compromiso con el tema como el JNE (se presentó proyectos de paridad y alternancia, y sanción del acoso político), la ONPE u otros organismos.

“Sin embargo, los esfuerzos no deben quedarse allí, es importante sumar diversas plataformas ya construidas con organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y otras entidades. En el mismo sentido, las campañas de concientización y comunicacionales son importantes (difundiendo los datos y casos presentados), con apoyo de los medios de comunicación y otros líderes de opinión”, señala.

Neyra afirma que el acoso político puede desincentivar la participación de las mujeres en la política, tanto si se hace cuando son candidatas como cuando ya son autoridades. El acoso político lo que hace es afectar la participación de las mujeres en iguales condiciones porque los hombres no deben enfrentar estas mismas situaciones.

“Estos prejuicios y esta visión que menoscaba la presencia de mujeres es una forma de violencia política, que ya está sancionada de manera expresa en varios países (como México, Ecuador y Bolivia), pero que aún no está tipificada como tal en una ley en el Perú”, señala la exministra de Justicia.

Campaña actual

Hace unos días, en medio de la campaña política, la actual candidata al Congreso Gahela Cari, de Juntos Por el Perú, fue víctima de discriminación por otros candidatos que se burlaron de que figure en las listas electorales con su nombre masculino, el mismo con el que fue registrada al nacer y que el Estado peruano no le permite cambiar.

Cari, señaló a la agencia Efe, “en la campaña del año pasado también hubo muchísima transfobia. Estaba esperando el autobús y alguien me interceptó y me dijo: ‘ah, tú eres el cabro (gay) que quiere homosexualizar a todos nuestros hijos’, y comenzó a patearme. Lo único que pude hacer fue meterme al autobús e irme con mucho miedo

Según Natalia Manso, las mujeres que sufren este asedio en el espacio político son víctimas de violencia de género, por tanto, están amparadas bajo el marco del TUO de la ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, la participación de las mujeres en política es tan esencial para contar con una democracia consolidada y unas instituciones fuertes, que el acoso político amerita que se impulse la creación de una ley específica.

“Desde el 2016 se han realizado 9 proyectos de Ley de Acoso Político, todos sin éxito. Sin esta ley, las mujeres en política seguirán en su mayoría sin denunciar. Datos de la campaña “Somos Mitad” en 2018, sobre políticas de Junín, Puno, Amazonas, Huancavelica y Lima Norte arrojaron que solo un tercio de las mujeres que sufrieron acoso político finalmente denunciaron”, señala Manso.