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En los alrededores del puerto de Guanta, en el este de Venezuela, cientos de camiones hacen filas todos los días para descargar toneladas de chatarra como parte del giro del gobierno de convertir los desechos en una fuente de divisas.
El acopio y venta de chatarra se ha intensificado por las urgencias financieras de la administración del presidente Nicolás Maduro, agobiada por una baja producción de petróleo debido a los años de desinversión en la industria y la dificultad de vender barriles en medio de las sanciones de Estados Unidos impuestas en el 2019.
“Venezuela va a quedar livianita, porque están sacando toda la chatarra”, dijo Douglas Lugo, conductor de un camión a las afueras de Guanta, quien fue un empleado tercerizado de la industria petrolera y ahora labora transportando material en desuso. En su camión llevaba residuos de hierro como láminas, rines, partes de vehículos y trozos de puertas oxidadas.
Con el recrudecimiento de las medidas de Washington, el gobierno ha buscado diversas vías de ingresos. En el pasado se vendieron desechos al exterior en muy bajas cantidades, pero es desde el 2020 que se están impulsando esas exportaciones a través de privados.
En el 2021, Maduro afianzó su interés en la chatarra al considerarla como “estratégica” para la industria local y dejar exportar su excedente, previa aprobación de las autoridades.
Las empresas estatales y privadas cargadas con plantas, maquinarias y equipos obsoletos, por los años de menor actividad, se han sentido cada vez más tentadas a ofertarlos como chatarra. Si bien el Estado está detrás de algunos de esos procesos, también se han registrado robos de equipos para venderlos con ganancias, según fiscales.
La chatarra que se exporta surge del desmantelamiento de equipos en desuso de la estatal PDVSA y otras empresas públicas, de obras de construcción paralizadas y de vieja maquinaria privada, dijeron unas 15 fuentes entre empresarios de varios sectores, transportistas, trabajadores y funcionarios.
El desmantelamiento y comercio de la chatarra no ha sido precisado por las autoridades. Los ministerios de Comunicación y de Producción no respondieron a solicitudes de comentarios.
Desde los puertos venezolanos se exporta la chatarra hacia países como India, Taiwán, Tailandia, Turquía, China, Ecuador, Bélgica y Holanda, de acuerdo con registros portuarios.
La chatarra que llega a los puertos es recibida por una corporación estatal, que en 2019 llegó a vender material hacia Turquía y China. Ese ente firma con empresas privadas contratos o “alianzas” para exportar, según un documento y dos fuentes, para sortear las medidas de Washington que no prohíben a compañías venezolanas comercializar en el extranjero.
Las empresas pagan la chatarra a la corporación estatal con divisas en efectivo, y después de la cancelación se hacen las gestiones para la exportación del material, agregaron otros dos de las fuentes consultadas. La Corporación Ezequiel Zamora, encargada del manejo de la chatarra, no respondió a una petición de comentarios.
En el 2021 se exportaron desde dos de los principales puertos del país 45,500 toneladas de desperdicios de hierro, acero y cobre por un monto de US$ 55 millones, según cifras de Import Genius, una firma de asesoría que recopila registros aduaneros de importación y exportación.
El volumen de material vendido en el exterior duplica lo exportado desde esos dos mismos terminales en el 2020.
Del resto de los puertos no hay cifras disponibles. Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) no respondió a solicitud de comentarios.
Las ventas de chatarra “han aumentado considerablemente durante los meses de mayor arraigo de la pandemia del COVID-19, cuando los ingresos del Estado fueron escasos”, dijo la firma local Ecoanalítica en un reporte.
En el mercado internacional la tonelada de chatarra, dependiendo del tipo de material, ronda entre los 300 y 700 dólares la tonelada. Mientras, los privados locales compran la chatarra a precios entre 80 y 120 dólares la tonelada, dijeron dos fuentes y dos transportistas.
En el norte de Monagas, una zona petrolera al este de la nación OPEP, tanques y tuberías se están desmantelando, dijeron una fuente del sector petrolero y dos trabajadores que han visto cómo esos materiales se cortan en galpones. “Hoy en día no se está recuperando nada, todo es para vender”, agregó una fuente.
Pero con el auge de comercio de chatarra también ocurren delitos como robos de equipos en zonas petroleras y en empresas públicas, según denuncias de cuerpos de seguridad y la fiscalía.
En marzo, el fiscal general, Tarek Saab, dijo en la televisora estatal que han detenido a 326 personas por tráfico de “material estratégico” desde la industria petrolera, la estatal eléctrica y las hidrológicas e incautaron 373 toneladas de chatarra y otros productos de hierro y acero.
La estatal PDVSA no respondió a petición de comentarios, tampoco el Ministerio de Petróleo.
Con el comercio de chatarra algunos transportistas que laboraban para PDVSA o en el traslado de carbón en la frontera ahora se dedican a movilizar desechos, porque ganan más en medio de la elevada inflación. Por cada envío de chatarra a los puertos perciben unos US$ 100, y al mes pueden percibir US$ 300, 10 veces el salario mínimo de US$ 30.
“Todo el mundo está trabajando con chatarra. Antes no se veía eso”, dijo Antonio Astudillo, un conductor de gandolas que solía cargar y transportar alimentos desde Brasil a diversos estados de Venezuela, pero en diciembre le encomendaron el traslado de chatarra a Guanta. “Se gana algo para sobrevivir”.