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Cuando los manifestantes enojados y ocasionalmente violentos tomaron las calles de Santiago, capital de Chile, en el 2019 y 2020, sus quejas fueron múltiples. Los estudiantes marcharon contra las costosas matrículas; otros se manifestaron en contra del sistema privado de pensiones del país y el servicio de salud raído. Muchos culparon de los males de Chile a un documento: la Constitución adoptada en 1980 bajo Augusto Pinochet, el dictador que gobernó de 1973 a 1990.
Para sofocar las protestas, en las que murieron al menos 30 personas, el gobierno de centro-derecha de entonces acordó redactar una nueva constitución. Se eligió una asamblea constituyente de 154 personas, la mayoría de ellos de movimientos sociales en lugar de partidos establecidos. El resultado final de su debate se hizo público el 4 de julio. Es absurdamente largo, con 388 artículos. También es fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista.
Para ser justos, omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, que estuvo dominada por izquierdistas. Estas incluyeron la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PBI) y la eliminación de la cámara alta. El banco central conserva su independencia, aunque su mandato se ha ampliado para incluir “la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural”.
Algunas ideas son loables. El documento requeriría la devolución de algunos poderes a las regiones y otorgaría a los pueblos indígenas el derecho a que se les enseñe en sus propios idiomas en las escuelas. Parece requerir que se aprueben leyes para legalizar el aborto y el suicidio asistido.
Pero, en general, el borrador es un lío confuso, lleno de lenguaje confuso que más o menos garantiza décadas de disputas sobre lo que realmente significa. Se darían derechos a la “naturaleza”. El borrador menciona “género” 39 veces. Las sentencias judiciales, la policía y un sistema nacional de salud tendrán que operar con una “perspectiva de género”, que no define.
El documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la constitución actual. Otorga a los sindicatos el derecho exclusivo de representar a los trabajadores, les garantiza una voz en la toma de decisiones corporativas y les permite declararse en huelga por cualquier motivo, no solo relacionado con el trabajo.
Dice que toda persona tiene “derecho al trabajo” y que “todas las formas de precariedad laboral están prohibidas”. Eso podría hacer que sea bastante difícil despedir a alguien. Los propietarios de tierras, como los agricultores, podrían perder potencialmente los derechos de propiedad sobre el agua en sus tierras. La compensación por la tierra expropiada no sería a un precio de mercado sino al que el Congreso considere “justo”.
El borrador crea una cartera de derechos socioeconómicos que podría hacer estallar el presupuesto. Requiere el establecimiento de varios organismos nuevos, como un servicio nacional de salud y un sistema de atención desde la cuna hasta la tumba, sin pensar mucho en cómo se financiarían. El estado supervisaría la provisión de vivienda, a la que dice que toda persona tiene derecho. La especulación inmobiliaria estaría prohibida. Lo mismo ocurriría con la educación con fines de lucro.
Los controles y equilibrios legales sobre el gobierno se diluirían. Un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales; anteriormente la Corte Suprema, el presidente, la corte de apelaciones y el Senado tenían un rol. El borrador da un vuelco al proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos, aunque el presidente puede vetarlos.
El documento es ridículamente amplio. Dice que el Estado debe “promover el patrimonio culinario y gastronómico” de Chile y reconocer “la espiritualidad como elemento esencial del ser humano”. Toda persona tiene “derecho al deporte”. Los no humanos también tienen una oportunidad: el estado “promoverá una educación basada en la empatía... por los animales”.
La antigua Constitución de Chile no era perfecta. De hecho, ha sido enmendada casi 60 veces. Pero en comparación con su reemplazo propuesto, es un modelo de claridad. Más importante aún, el antiguo modelo para gobernar funciona. Desde que se restableció la democracia, Chile ha sido un éxito latinoamericano. El PBI por persona se ha triplicado desde 1990 y la pobreza ha disminuido.
En lugar de desechar la antigua constitución, los chilenos deberían desechar la nueva. Cuando el borrador sea sometido a referéndum en setiembre, deberían rechazarlo. Entonces se mantendría la constitución actual, y el Congreso mantendría el poder de revisarla gradualmente, por ejemplo, para facilitar la construcción de un estado de bienestar fuerte. Tal enfoque puede sonar poco inspirador para quienes salieron a las calles en el 2019 y 2020. Pero a la larga es mucho más probable que haga que Chile sea próspero y gobernable.