Situación fiscal de Brasil será desafío para próximo presidente

Entre el aumento de las tasas de homicidios y el desempleo en niveles casi récord, el próximo presidente de Brasil se enfrentará una gran cantidad de tareas desalentadoras. Sin embargo, el desafío que más moldeará el futuro del país será poner en orden sus cuentas públicas.

Los encargados de política recibieron un nuevo recordatorio la semana pasada sobre cuán grave es la situación presupuestaria del país cuando el gobierno central registró su mayor déficit alcanzado para el mes de marzo, excluyendo los pagos de intereses. El banco central publicó el lunes las cifras fiscales consolidadas de todo el gobierno, incluidas las empresas estatales, estados y municipios controlados.

La economía más grande de América Latina no ha registrado un superávit primario, que excluye el costo del pago de su deuda, desde 2013 y no lo hará al menos hasta 2022 o 2023, según las últimas estimaciones del Ministerio de Hacienda. Y eso es en el mejor de los casos, con una futura administración que aborde las crecientes obligaciones de seguridad social de Brasil.

"El próximo gobierno no tendrá tiempo para pensar. Tendrá que actuar", dijo en una entrevista Raúl Velloso, consultor económico y especialista en finanzas públicas. "La situación fiscal se volvió tan mala debido a la cantidad de gasto obligatorio, y las medidas para frenar esto se necesitan con urgencia".

A pesar de algunos éxitos iniciales, el presidente Michel Temer ha visto su promesa de arreglar las cuentas públicas constantemente socavada por una disminución de apoyo en el Congreso a medida que aumentan las acusaciones de corrupción y se acercan las elecciones. Además de los débiles ingresos, uno de los mayores problemas es que el gobierno prácticamente no tiene espacio para maniobrar. El 90% del gasto público está legslado, lo que significa que el gobierno solo puede modificar el 10% del gasto.

Después de un gasto flexible y un crecimiento débil que hicieron que Brasil perdiera su categoría de grado de inversión durante el mandato de la expresidenta Dilma Rousseff, Temer logró algo de progreso con la aprobación de un proyecto de ley que congelaba el gasto público en términos ajustados a la inflación.

Las arcas del gobierno recibieron un impulso por los ingresos de las subastas de centrales eléctricas y los recortes de gastos discrecionales. Se elogió a los legisladores por su transparencia, incluso cuando anunciaron un enorme déficit presupuestario, como el objetivo de déficit primario de 159,000 millones de reales para el 2018.

El optimismo se desvaneció este año después de que el Congreso archivó los planes para votar una medida que restringiría el rápido aumento de los gastos de pensiones. Ahora, la efectividad del límite de gasto está en riesgo y Brasil podría incluso infringir una ley fiscal conocida como la "regla de oro", según un miembro del equipo económico que pidió el anonimato. La regla de oro estipula que el gobierno solo puede pedir préstamos para invertir, no para financiar los gastos corrientes.

"Este gobierno hizo todo lo que pudo, e incluso más de lo que pensamos que haría", dijo en una entrevista el ex secretario del Tesoro y actual economista jefe de Banco Safra, Carlos Kawall. "Brasil tiene que implementar la reforma de pensiones, o se perderán todos los esfuerzos".

El Ministerio de Hacienda de Brasil no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Este año, Fitch y S&P Global Ratings han rebajado aún más la calificación de crédito soberano de Brasil dentro de territorio chatarra, y Velloso advirtió que el escrutinio de los inversores está en aumento. "Los mercados financieros están al límite ahora más que nunca", señaló.