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Moscú denunció las “inaceptables” nuevas sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos por el envenenamiento y encarcelamiento del opositor Alexéi Navalni y advirtió a los occidentales de “no jugar con fuego”.
Estas sanciones, adoptadas el lunes por Bruselas y el martes por Washington, afectan a varios altos funcionarios rusos, entre ellos Alexánder Bórtnikov, jefe de los poderosos servicios de seguridad FSB.
Los dos únicos sancionados por ambas potencias son el responsable de los servicios penitenciarios, Alexánder Kaláshnikov, y el fiscal general del país, Ígor Krasnov.
Los funcionarios afectados, nueve en total entre la UE y Estados Unidos, tienen prohibido viajar al territorio que los sancionó, donde tienen además sus activos bloqueados.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, estimó este miércoles que las sanciones son “absolutamente inaceptables” y “dañan de manera considerable las relaciones ya lamentables” entre ambos bloques.
Rusia y los países occidentales enfrentan importantes desacuerdos en temas de actualidad internacional y su relación está marcada por acusaciones de injerencia, espionaje y ciberataques.
“Perplejo” ante “decisiones tan absurdas e injustificadas”, Peskov denunció también “una injerencia más en los asuntos internos rusos” y prometió una respuesta apropiada que, según la vocera de la diplomacia rusa, María Zajárova, ya está en estudio.
El portavoz del Kremlin consideró además “escandalosas” las acusaciones contra el FSB que, según Washington, sería responsable del envenenamiento de Navalni en el 2020.
El martes por la noche, la cancillería rusa denunció en un comunicado “un ataque hostil antirruso”, que forma parte de una “política estadounidense insensata e ilógica”.
“Seguiremos defendiendo nuestros intereses nacionales de forma sistemática y decidida, rechazando cualquier agresión. Instamos a nuestros colegas a no jugar con fuego”, dijo el ministerio ruso.
Navalni, en una colonia penitenciaria
Las sanciones anunciadas el martes son las primeras de Estados Unidos desde la llegada al poder el 20 de enero del demócrata Joe Biden, que adoptó un tono más firme con Moscú que su predecesor, el republicano Donald Trump.
Washington dijo no tener dudas de que las autoridades rusas estaban detrás del “intento de asesinato” de Navalni, activista anticorrupción de 44 años y principal opositor al Kremlin.
Los aliados del opositor querían, sin embargo, medidas más fuertes, abogando así por sancionar a los principales oligarcas rusos, a los que ven como apoyos de Putin y que cuentan con bienes en Occidente.
Navalni cayó en coma en agosto durante una gira electoral en Siberia. Tras su evacuación de emergencia a Alemania, tres laboratorios europeos estimaron que fue envenenado con un agente neurotóxico de tipo Novichok, desarrollado en la época soviética.
El opositor y sus allegados acusan desde entonces a un equipo del FSB de un envenenamiento ordenado por Putin. Las autoridades rusas lo rechazan de plano y dieron diferentes versiones sobre la repentina enfermedad de Navalni.
A su regreso a Rusia tras meses de convalecencia en Alemania, Alexéi Navalni fue detenido inmediatamente y condenado a dos años y medio de prisión por un caso de fraude del 2014.
El activista, oenegés y varias capitales occidentales consideran que la condena tiene motivaciones políticas.
El opositor llegó a finales de la semana pasada a una colonia penitenciaria a 100 kilómetros al este de Moscú, reputada por ser una de las peores de Rusia y descrita como una máquina para “quebrar” a los detenidos.
Su detención produjo importantes manifestaciones, que se saldaron con más de 11,000 detenciones. La UE y Estados Unidos exigieron la “liberación inmediata” de Navalni.
Expertos de la ONU reclamaron el lunes una investigación internacional sobre su envenenamiento.